La Asamblea Nacional archivó la Ley de Límites Territoriales que ponía en riesgo parte del territorio de Chimborazo en Alausí.
La Asamblea Nacional del Ecuador archivó el proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos, una decisión que representa un triunfo para la provincia de Chimborazo, según autoridades locales, al considerar que la propuesta legislativa atentaba contra su soberanía territorial.
La ley, que estuvo estancada durante casi siete años, amenazaba con afectar aproximadamente 64.000 hectáreas del cantón Alausí. Lo que equivaldría a una pérdida del 9 al 10% del total del territorio provincial, especialmente de la parroquia Achupallas.
El proyecto de ley buscaba establecer un marco legal para la actualización cartográfica y resolución de conflictos entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).
Sin embargo, la falta de participación ciudadana, la omisión de sentencias judiciales vinculantes y el uso de coordenadas desactualizadas generaron un rechazo contundente desde varios sectores.
Mishel Mancheno, asambleísta de Chimborazo denunció que el proyecto fue tramitado sin participación de las comunidades afectadas y calificó como injusta e inútil a una ley “nacida sin legitimidad territorial ni legal”.
Asamblea Nacional archiva la Ley de Límites de Territorios
Durante el debate parlamentario, la asambleísta Carmen Tiupul por Pachakutik, explicó con detalle las amenazas concretas para su provincia.
Según Tiupul, el conflicto limítrofe con la provincia del Cañar, que data de más de una década, se agravaría con esta ley debido al uso de 3.422 coordenadas desactualizadas, algunas con más de siete años de antigüedad.
La parroquia Achupallas ,una de las más extensas del cantón Alausí, sería la principal afectada.
“El 63% de la parroquia Achupallas estaba en riesgo si se consideraban esas coordenadas. ¿Qué significa este 63%? Una pérdida territorial irreversible para Chimborazo”, dijo Tiupul.
Además, subrayó que esta parroquia alberga a comunidades como Huangras y Jubal, que no solo tienen valor cultural y humano, sino también estratégico.
“Desde estas comunidades se proporcionan los recursos hídricos que alimentan la hidroeléctrica Paute. No se trata solo de territorio, se trata de dignidad, historia, cultura y generación de electricidad para todo el país”, afirmó.
Carmen Tiupul recordó que el decreto 1389 del año 2017, que pretendía fijar los límites entre Chimborazo y Cañar, fue anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo justamente por no haber contado con la participación activa de las comunidades.
A pesar de eso, el nuevo proyecto ignoraba esa jurisprudencia y también omitía el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, tal como lo establece la sentencia 217-O22 de la Corte Constitucional.
Votaciones para el archivo de la Ley de los asambleístas de Chimborazo
El archivo de la ley fue respaldado por 88 votos a favor, incluidos los de los legisladores chimboracenses Mishel Mancheno, Keevin Gallardo y Carmen Tiupul.
Sin embargo, de los 4 legisladores de Chimborazo, solo una asambleísta Patricia Núñez, de la Revolución Ciudadana no apoyó la moción.
Aunque el archivo del proyecto fue celebrado por autoridades y comunidades de Chimborazo, tanto Mancheno como Tiupul insistieron en que esta no es una solución definitiva.
La necesidad de resolver los conflictos limítrofes entre provincias, cantones y parroquias sigue vigente, pero debe abordarse con participación real, datos actualizados y enfoque territorial
