Un bombardeo conjunto entre Estados Unidos y Ecuador contra un supuesto campamento narco habría destruido una finca lechera.
Una operación militar anunciada por Estados Unidos y Ecuador como un golpe contra el narcotráfico ha generado polémica tras revelarse que el objetivo habría sido, en realidad, una hacienda ganadera, según una investigación del New York Times.
El ataque ocurrió el 6 de marzo de 2026, como parte de una estrategia conjunta para combatir organizaciones criminales en el país, en el marco de la ofensiva internacional contra el tráfico de drogas.
El hecho sucedió en la provincia de Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia.
Inicialmente, las autoridades aseguraron que el bombardeo destruyó un campamento de entrenamiento vinculado a grupos armados y redes de narcotráfico.
Sin embargo, una investigación periodística posterior determinó que el sitio atacado no sería un complejo criminal, sino una hacienda de ganado y producción lechera ubicada en una zona rural cercana a la frontera con Colombia.
Testimonios de trabajadores, habitantes del sector y el propietario del terreno coinciden en que el lugar funcionaba como una finca productiva, sin evidencia visible de actividades ilícitas.
Incluso, reportes señalan que estructuras agrícolas y animales resultaron destruidos tras el bombardeo, lo que contradice la versión oficial inicial.
Postura de Ecuador y Estados Unidos frente al bombardeo
Tanto Estados Unidos como Ecuador sostuvieron que la operación fue dirigida contra un grupo armado vinculado al narcotráfico, específicamente estructuras relacionadas con disidencias de las FARC.
Según estas versiones, el sitio era utilizado como punto de descanso y entrenamiento para alrededor de 50 presuntos integrantes de estas organizaciones ilegales.
No obstante, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que respalden esta afirmación.
El operativo se desarrolló dentro de una cooperación militar más amplia entre ambos países.
Un helicóptero militar estadounidense fue desplegado para asistir a Ecuador en el ataque a la granja, dijo una de las fuentes citadas por el rotativo.
Esa aeronave no estuvo involucrada directamente en el bombardeo, según esa fuente.
Esta ofensiva forma parte de una estrategia mayor para combatir el narcotráfico en la región, que incluye operaciones marítimas y ahora incursiones en territorio terrestre.
Presuntos ataques a familias campesinas de la frontera
El informe del diario estadounidense aparece luego de que la agencia AFP y la Alianza por los Derechos Humanos denunciaran que, a inicios de marzo, se habría ejecutado un bombardeo militar contra civiles en una zona cercana a la frontera con Colombia.
Vicente Garrido, dirigente comunitario de Lago Agrio, declaró a la AFP que en la hacienda intervenida existían viviendas habitadas por familias campesinas.
Además, tanto el The New York Times como la AFP indicaron haber revisado videos grabados por habitantes del sector, en los que se observa a soldados ecuatorianos realizando disparos disuasivos cuando se intentaba obtener información.
Según estos reportes, los uniformados se llevaron a varios hombres —presuntamente a una base militar— tres días antes del ataque contra el supuesto campamento guerrillero.
Campesinos denuncian torturas y bombardeo en finca de frontera: “No somos guerrilleros”
En una entrevista de Radio Sucumbios, habitantes de una zona rural cercana a Lago Agrio denunciaron presuntos abusos por parte del Ejército ecuatoriano durante un operativo militar.
Según su testimonio, terminó con viviendas quemadas, detenciones arbitrarias y supuestas torturas a trabajadores agrícolas.
De acuerdo con los relatos recogidos en el lugar, varios jóvenes fueron retenidos por militares mientras realizaban labores en una finca ganadera.
Aseguran que, tras ser señalados como presuntos integrantes de grupos irregulares, fueron obligados a tirarse al piso, amarrados y agredidos físicamente.
“Nos comenzaron a golpear y a preguntar por gente que no conocemos. Somos campesinos, estábamos sembrando pasto”, relató uno de los afectados,
Además afirmó que posteriormente fueron trasladados en helicóptero y mantenidos en una base militar, donde —según su versión— habrían sido sometidos a descargas eléctricas y otros maltratos.
Los detenidos fueron liberados horas después, ya que —según indican— no se encontró evidencia que los vincule con actividades ilícitas ni tenían antecedentes penales.
El propietario de la finca también rechazó la versión oficial que señala que el lugar era un supuesto campamento de entrenamiento de grupos armados.
“Esto es una finca ganadera, aquí hay ordeño, producción de queso, cultivos. No hay nada que indique actividad ilegal”, aseguró.
Además, denunció que las instalaciones fueron primero incendiadas y días después bombardeadas, lo que dejó pérdidas totales en viviendas, herramientas y producción.
Miembros de la comunidad de San Martín respaldaron estas versiones y exigieron al Estado una investigación transparente. Aseguran vivir con temor ante nuevas intervenciones y posibles represalias.
“Queremos que se diga la verdad y que respondan por los daños. No somos delincuentes, somos agricultores”, señalaron.
