Alcalde de Riobamba enfrenta proceso de remoción con nuevas denuncias, cruce de palabras con la vicealcaldesa y decisiones municipales.
El proceso de remoción contra el alcalde de Riobamba, John Henry Vinueza Salinas, continúa generando reacciones políticas e institucionales tras la decisión de la vicealcaldesa Maritza Díaz Domínguez de apartarse del trámite.
Además, de conocer lo sucedido con el otro pedido impulsado por Juan Esteban Guarderas por el tema de Maguazo.
Vicealcaldesa se excusa de participar en remoción y rechaza señalamientos en medio del proceso
La primera solicitud de remoción, presentada el 23 de enero de 2026 por los ciudadanos Verónica Patricia Puertas Villacrés y Anderson Alexis Orozco Sanaguano, se sustenta en presuntos incumplimientos administrativos.
Entre ellos la falta de publicación de actas y sesiones del Concejo Municipal, lo que, según los denunciantes, vulneraría los principios de transparencia y acceso a la información pública.
En este contexto, la vicealcaldesa Maritza Díaz formalizó el 12 de marzo su excusa para no intervenir en el proceso, argumentando la necesidad de garantizar imparcialidad y evitar posibles nulidades.
Su decisión se produjo en un momento clave, cuando debía avanzarse en la conformación de la Comisión de Mesa, instancia encargada de analizar el pedido.
Un día después, Díaz solicitó la convocatoria urgente a sesión extraordinaria del Concejo Municipal, advirtiendo que la falta de acción podría constituir una nueva omisión administrativa.
Paralelamente, se refirió a comentarios difundidos en redes sociales que sugerían intereses personales detrás de su postura.
“Es un comentario que indica que ‘la señora’ quiere entrarse por la ventana jamás ha sido esa mi intención, por lo contrario yo quiero seguir trabajando por mi ciudad”.
Así descartó cualquier aspiración de beneficiarse políticamente del proceso y defendiendo su rol institucional.
Alcalde cuestiona denuncias y responde al nuevo intento de remoción
Por su parte, el alcalde John Vinueza reaccionó con dureza frente a lo que calificó como reiterados intentos de remoción.
Según sus declaraciones, este sería otro proceso impulsado en su contra, lo que —a su criterio— evidencia una intención política detrás de las denuncias.
“Estamos hablando de ya la sexta. El sexto intento de meterse por la ventana. Pero no les vamos a poner ni escaleras, ni sogas, ni cuerdas para que hagan eso”, expresó
John Vinueza
Al tiempo que restó importancia a algunas de las causales planteadas, como la supuesta falta de publicación de sesiones, asegurando que estas sí fueron difundidas por otros medios.
“Es el mismo grupo, este mercachifle de Quito… que anda buscando plata para sus remociones (…) Tampoco es que he leído esa cosa, me vale en realidad”.
John Vinueza
El alcalde también señaló que estos procesos desvían la atención de problemas prioritarios de la ciudad, como el deterioro vial y la falta de asfalto, factores que han afectado la ejecución de obras municipales.
Mientras tanto, el Concejo Municipal fue convocado para el 30 de marzo a las 09:00 con el objetivo de conformar la Comisión de Mesa y dar continuidad al trámite conforme al COOTAD.
¿Qué pasó con el proceso de remoción impulsado por Juan Esteban Guarderas?
En paralelo, el intento de remoción impulsado por Juan Esteban Guarderas no avanzó en la justicia constitucional.
Su denuncia se sustentaba en presuntas irregularidades en el contrato Maguazo–Alao, falta de garantías en el proceso y cambios en la empresa pública Riobamba EP que, según su criterio, ampliaban sus competencias con menor control del Concejo.
Ante la falta de respuesta institucional, Guarderas presentó una acción de protección; sin embargo, una jueza la rechazó al determinar que no existía vulneración directa de derechos constitucionales.
La autoridad concluyó que el caso no corresponde al ámbito constitucional, sino al electoral.
La resolución estableció que será el Tribunal Contencioso Electoral el encargado de analizar la legalidad del procedimiento de remoción, dejando sin efecto la vía constitucional y trasladando la controversia a la instancia competente, donde deberá continuar el proceso conforme a la normativa vigente.
