Asambleístas de Chimborazo aprueban ley que obliga a presos a trabajar, generando debate sobre derechos, seguridad y rehabilitación en Ecuador.
Las personas privadas de libertad en Ecuador deberán trabajar para cubrir sus propias necesidades mientras cumplen sus penas.
Este cambio marca el eje de la Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, aprobada el 17 de marzo de 2026 por la Asamblea Nacional del Ecuador con 84 votos a favor, durante una sesión realizada en la Universidad Católica de Cuenca.
La normativa plantea una transformación profunda del sistema carcelario, combinando medidas de control, seguridad y rehabilitación, en un esfuerzo por modernizar la gestión penitenciaria y reducir riesgos asociados a la criminalidad interna.
¿Cómo votaron los asambleístas de Chimborazo sobre la nueva ley penitenciaria en Ecuador?
La votación evidenció una clara división política entre los legisladores. Los asambleístas de Chimborazo Mishel Mancheno y Keevin Gallardo, del bloque oficialista, junto a la legisladora independiente Carmen Tiupul, votaron a favor de la ley, respaldando las reformas propuestas.
En contraste, la asambleísta de Chimborazo Patricia Núñez se pronunció en contra, advirtiendo sobre los riesgos de vulneración de derechos.
“Nos dicen que es por seguridad. Pero cuando una ley reduce derechos, limita la defensa y deja decisiones en manos poco claras… El Estado puede decidir quién es ‘peligroso’ sin reglas claras (…) Lo más grave: Es que no necesitas ser culpable para terminar en prisión preventiva. Puede ser un error, una acusación, o simplemente una confusión”, expresó, alertando sobre la posibilidad de abusos en la aplicación de la norma.
Patricia Núñez
¿De qué trata la Ley Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario?
La normativa no solo introduce el trabajo obligatorio, sino que redefine de manera integral el funcionamiento del sistema penitenciario. Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Trabajo obligatorio para reclusos
La ley establece que los privados de libertad desarrollen actividades laborales y productivas dentro de los centros. Esto permitirá que cubran gastos personales durante su condena y, al mismo tiempo, contribuya a su rehabilitación. La medida busca dignificar la pena mediante el trabajo, reducir la dependencia del Estado y fortalecer habilidades que puedan ser útiles al reintegrarse a la sociedad. Su implementación será progresiva y deberá concretarse en un máximo de tres años. - Clasificación de cárceles e internos
Los centros penitenciarios se organizarán en tres niveles de seguridad: máxima, mediana y mínima. Además, cada interno será evaluado y clasificado según su nivel de riesgo: alto, medio o bajo. Esta segmentación tiene como objetivo garantizar la seguridad interna, evitando que reclusos de alta peligrosidad compartan espacios con otros de menor riesgo y facilitando una gestión más ordenada de los centros. - Sistema de inteligencia penitenciaria
Se creará un subsistema especializado para anticipar motines, detectar redes criminales dentro de los penales y prevenir actos de corrupción. Trabajará de manera coordinada con organismos de seguridad, buscando que el sistema pase de reactivo a preventivo. - Fortalecimiento del cuerpo de seguridad
Los guías penitenciarios tendrán una estructura armada y jerarquizada. La ley permite el uso progresivo de la fuerza en situaciones de crisis, como disturbios o motines, siguiendo protocolos estrictos para proteger tanto a internos como a funcionarios. - Incorporación de personal retirado
Policías y militares jubilados podrán integrarse al sistema penitenciario sin perder sus pensiones, con el objetivo de enfrentar el déficit de guías y reforzar la seguridad en los centros. - Tecnología en justicia y visitas
Se habilitan audiencias judiciales por videoconferencia y visitas virtuales, especialmente en contextos de riesgo o dificultad logística, garantizando el acceso a derechos procesales y a la comunicación con familiares.
Pese a los objetivos de control y rehabilitación, las críticas han señalado posibles excesos en el poder estatal y la falta de claridad en algunos criterios de clasificación y uso de fuerza.
Los asambleístas de Chimborazo que apoyaron la ley consideran que la reforma es necesaria para modernizar el sistema penitenciario, mientras que quienes votaron en contra insisten en que ciertos artículos podrían poner en riesgo derechos fundamentales.
Tras su aprobación, la ley será enviada al presidente Daniel Noboa, quien decidirá si la sanciona o la veta, dejando abierto el debate sobre seguridad, control y derechos en el país, mientras el sistema penitenciario ecuatoriano inicia una transformación estructural sin precedentes.
Los asambleístas de Chimborazo continúan bajo el escrutinio público por su rol en esta decisión histórica.
