En la última década, Ecuador ha quedado atrapado en un ciclo de vulnerabilidad donde la falta de una gestión de riesgos estructural ha transformado cada invierno en una catástrofe económica y social recurrente. La ausencia de planificación urbana, el mantenimiento precario de cuencas hídricas y la falta de inversión en infraestructura multipropósito han permitido que fenómenos climáticos, lejos de ser desastres naturales inevitables, se conviertan en crisis de gobernanza.
Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y organismos multilaterales, este impacto ha sido particularmente devastador en provincias como Guayas, Los Ríos y Manabí, donde las inundaciones sistemáticas han afectado a más de 2.5 millones de personas en los últimos diez años y han provocado pérdidas que superan los 1,500 millones de dólares solo en el sector agropecuario. En la Sierra, provincias como Cotopaxi y Chimborazo han sufrido la desconexión de vías estratégicas y el colapso de sistemas de riego, evidenciando que la falta de prevención no es un problema de presupuesto, sino de una visión política que prioriza la reacción sobre la resiliencia.
El estado ecuatoriano gasta, en promedio, hasta siete veces más en reparar daños por desastres que lo que costaría prevenirlos. Históricamente, los presupuestos se han destinado a contratos de emergencia de ejecución rápida, una «política del parche» que prioriza el gasto reactivo, que es financieramente ineficiente pero políticamente rentable en el corto plazo. Los gobiernos han postergado las soluciones de fondo que deja al país a merced del siguiente invierno. Al mismo tiempo, para los campesinos es un colapso total de su patrimonio y su capacidad de subsistencia, donde no existe seguros frente a catástrofes, la pérdida de una cosecha por inundación significa perder meses de trabajo y entrar en un ciclo de endeudamiento impagable.
Mientras la prevención no sea la prioridad, el país continuará pagando una factura social y económica insostenible, viendo cómo, año tras año, el sueño y el trabajo de las familias se diluyen irremediablemente en el barro. Es necesario romper el ciclo de vulnerabilidad dejando de lado la política de parches.
