La Fiscalía retomó el 25 de febrero de 2026 la audiencia del Caso Altares en Riobamba. Se analizan pruebas y conversaciones que vincularían a autoridades con un perjuicio de USD 625.000 a 250 taxistas.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del Caso Altares se reinstaló este 25 de febrero de 2026 en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, en Riobamba.
La diligencia, que es pública, había sido suspendida en diciembre de 2025 y ahora es considerada decisiva para definir si el proceso penal avanza a juicio.
De manera extraoficial, se conoció que la audiencia se desarrollaría entre el 25 y el 27 de febrero, periodo en el que la Fiscalía expone los elementos recopilados durante más de un año de investigación por el presunto delito de asociación ilícita.
Fiscalía expone conversaciones y pruebas
Durante la reinstalación de la causa, los fiscales iniciaron la lectura de conversaciones y elementos de convicción que presuntamente vincularían a autoridades cantonales, funcionarios y particulares con la gestión irregular de cupos de taxis rurales en Riobamba.
Esta etapa es clave dentro del proceso penal, ya que la jueza deberá analizar el dictamen fiscal, validar o excluir pruebas y decidir si existen suficientes elementos para llamar a juicio a los procesados o tomar otra resolución.
El proceso quedó en pausa desde el 4 de diciembre de 2025, cuando la audiencia prevista fue suspendida a última hora tras la presentación de un oficio por parte de los sujetos procesales, sin que se fijara una nueva fecha hasta ahora.
Perjuicio de USD 625.000 a 250 taxistas
La investigación inició tras la denuncia de 250 taxistas, quienes aseguran haber entregado USD 2.500 cada uno, sumando un perjuicio total de USD 625.000, a un supuesto consultor que ofrecía gestionar la creación de cupos para taxis rurales.
Según la defensa de los afectados, el dinero fue entregado pese a que la modalidad de taxis rurales no existe oficialmente en el cantón Riobamba, lo que evidenciaría un presunto esquema irregular.
Además, el principal receptor del dinero fue identificado dentro del proceso como testigo protegido.
Los perjudicados han insistido en su pedido de justicia, señalando que muchos recurrieron a préstamos para cumplir con los pagos solicitados.
Allanamientos y detenidos en la investigación
La investigación se formalizó en enero de 2025, y el 30 de enero de ese año, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron allanamientos simultáneos en el Municipio de Riobamba, la Dirección de Movilidad y varios domicilios particulares.
Como resultado, nueve personas fueron detenidas, entre ellas funcionarios públicos, un empresario y otros ciudadanos, señalados por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.
Pese a la gravedad de las acusaciones, no existe hasta el momento una orden judicial que suspenda a los funcionarios implicados, por lo que continúan ejerciendo sus cargos mientras avanza el proceso.
Audiencia definirá el futuro de los implicados
La audiencia reinstalada marca el cierre de la etapa de instrucción fiscal y es determinante para el futuro del expediente. De esta diligencia dependerá si el caso se judicializa plenamente mediante un juicio o si se adoptan otras medidas procesales.
La investigación ha generado amplio interés ciudadano debido a sus implicaciones económicas, administrativas y políticas en Riobamba, mientras los taxistas afectados esperan que la justicia determine responsabilidades tras más de un año de investigación.
Preguntas frecuentes sobre la audiencia del Caso Altares
¿Qué es el Caso Altares?
Es un proceso penal por presunta asociación ilícita relacionado con el cobro irregular de dinero a taxistas a cambio de supuestos cupos de taxis rurales en Riobamba.
¿Cuántas personas resultaron afectadas?
Al menos 250 taxistas denunciaron haber entregado USD 2.500 cada uno, sumando un perjuicio de aproximadamente USD 625.000.
¿Cuándo se retomó la audiencia?
La audiencia se reinstaló el 25 de febrero de 2026 en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo.
¿Qué se decide en esta audiencia?
La jueza evaluará las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinará si existen elementos suficientes para llamar a juicio a los procesados.
¿Cuándo inició la investigación?
La investigación comenzó en enero de 2025, tras denuncias ciudadanas y allanamientos en el Municipio de Riobamba y otras dependencias.
