Dos concejales de Riobamba registran impedimentos para ejercer un cargo público por moros idad con el Estado. ¿Serán removidos de su puesto?
Dos autoridades en funciones aparecen con impedimentos legales vigentes por mora con entidades del Estado.
Los certificados emitidos el 22 de febrero de 2026 por el Ministerio del Trabajo confirman que dos concejales de Riobamba constan en el Registro de Prohibiciones, Inhabilidades e Impedimentos para ejercer cargos públicos, bajo la causal de “Deudores a entidades del sector público”.
El dato no es menor. Los concejales de Riobamba son autoridades de elección popular encargadas de legislar a nivel cantonal, fiscalizar la gestión municipal y aprobar el presupuesto.
Que figuren con impedimentos por mora abre un debate político y jurídico sobre el cumplimiento de requisitos para ejercer funciones públicas.
¿Quiénes son los concejales de Riobamba que tienen mora con el Estado?
En el caso de Carlos Aulla, el certificado oficial señala que registra obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La causal es clara: deudor a entidades del sector público.
Esto significa que uno de los concejales de Riobamba mantiene mora tanto en materia tributaria como en seguridad social.
Según el artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), quienes se encuentren en mora con entidades públicas incurren en una inhabilidad especial para ejercer cargos públicos.
La finalidad de esta disposición es garantizar que quienes administran o deciden sobre recursos públicos cumplan previamente con sus obligaciones frente al Estado.
Sin embargo, la misma norma contempla una excepción: si antes de la obtención del cargo la persona declaró la deuda en su declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión y suscribió un convenio o facilidades de pago con la entidad acreedora, la inhabilidad puede exceptuarse.
El artículo 9 también establece que la inhabilidad especial por mora no podrá alegarse durante el ejercicio de funciones como causal disciplinaria o de remoción.
En términos prácticos, esto implica que la situación de los concejales de Riobamba no deriva automáticamente en destitución, pero sí exige una revisión formal por parte de la administración institucional.
Rafael Quitio con impedimento de ejercer cargo público
En el caso de Rafael Quitio, el certificado indica que registra impedimento por mora con el IESS. Aunque su situación se limita a una sola entidad, la figura legal es la misma: existe un registro activo de impedimento en el sistema administrado por el Ministerio del Trabajo.
La presencia de dos concejales de Riobamba en el registro oficial coloca el tema en el terreno político. Se trata de autoridades que fiscalizan contratos, ordenanzas y el uso de recursos municipales.
La ciudadanía podría cuestionar la coherencia entre la exigencia de cumplimiento tributario a comerciantes y ciudadanos, y la situación financiera de sus representantes.
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¿Los concejales de Riobamba podrían ser removidos de su cargo?
El propio documento del Ministerio del Trabajo señala que es responsabilidad de las Unidades de Talento Humano analizar y verificar si los registros reportados constituyen impedimentos aplicables en cada caso concreto.
Es decir, corresponde a la institución determinar si, al momento de asumir funciones, existían declaraciones patrimoniales y convenios de pago que permitan aplicar la excepción prevista en la ley.
No obstante, más allá del análisis técnico, el impacto político es evidente. La situación de los concejales de Riobamba podría convertirse en un punto de debate dentro del Concejo Municipal, especialmente en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son temas sensibles en la agenda local.
El registro oficial confirma que los concejales de Riobamba sí constan con impedimentos por mora al momento de la consulta.
La discusión ahora gira en torno a si las condiciones legales de excepción fueron cumplidas y cómo esta situación influye en la legitimidad política de sus actuaciones.
En definitiva, el caso de los concejales de Riobamba trasciende el ámbito administrativo. Se instala en el debate público como un tema de confianza ciudadana, responsabilidad fiscal y coherencia política.
Mientras se esclarecen los detalles jurídicos, la existencia de impedimentos por mora ya genera repercusiones en el escenario político local.
