Hombres engañados piden castigo a la falsa paternidad, pues afirman que la Administración de Justicia pasa a ser operadora de un delito
El fraude de paternidad es una realidad silenciosa que se esconde entre expedientes judiciales, hogares fracturados y hombres que prefieren callar antes que admitir que fueron engañados.
En Ecuador, el fenómeno ha dejado de ser una anécdota aislada y se ha convertido en una estadística persistente que revela un problema social, jurídico y emocional profundo.
Entre 2015 y 2025, el Consejo de la Judicatura registró 15.266 casos de impugnación de paternidad, un promedio anual de 1.526 procesos.
Las provincias con mayor incidencia son: Pichincha, Azuay y Guayas, territorios donde las dudas sobre la filiación crecen y los procesos judiciales se acumulan como testimonios de una verdad incómoda.
Hombres engañados piden castigo penal a un hecho fraudulento
Patricio Larco, director del colectivo No al Fraude de Paternidad, asegura que esta cifra supera el promedio latinoamericano.
Para él, la magnitud del problema está subestimada porque muchos hombres prefieren guardar silencio.
La vergüenza, el miedo a las burlas y el estigma social empujan a los afectados a enfrentar las secuelas físicas y psicológicas en soledad, sin denunciar ni compartir su historia.
Larco cuenta que él mismo fue víctima del engaño y que esa experiencia lo llevó a crear una organización de apoyo. Comenzaron con 100 miembros, pero hoy superan los 1.200 en todo el país, con presencia constante en redes sociales.
Cerca del 30% de los integrantes son militares y policías, hombres que enfrentan una doble carga: la pública, vinculada a su profesión, y la privada, marcada por la duda y la traición.
El objetivo del colectivo es que el fraude de paternidad sea tipificado como delito y sancionado con penas de cárcel de 3 a 5 años.
El activista sostiene que, según datos del laboratorio español Ampligen, entre el 15% y el 30% de las pruebas de ADN resultan negativas, lo que confirmaría que 1 de cada 10 hombres, o incluso 3 de cada 10, podría estar criando un hijo que no es biológicamente suyo.
A su juicio, esta estadística podría ser similar en Ecuador.
El rol del Estado y las instituciones en el fraude de paternidad
Para el activista, mentir sobre la verdadera paternidad constituye una conducta antisocial que combina engaño, fraude financiero y daño psicológico.
Considera que se trata de una violación a las normas éticas y un atentado contra la fe pública, ya que el Estado registra y valida una filiación falsa como si fuera un hecho legítimo.
Cuando una mujer demanda alimentos sabiendo que el hombre no es el padre, induce al sistema judicial a perseguir a un inocente y a imponerle obligaciones que no le corresponden.
Insiste en que inscribir una filiación falsa altera documentos oficiales y convierte al Estado en ejecutor de un despojo económico.
Por eso, el colectivo ha retomado el diálogo con la Asamblea Nacional, buscando que su propuesta sea considerada en la agenda legislativa.
Su planteamiento no busca destruir vínculos afectivos, sino restablecer la verdad y permitir que las relaciones se construyan desde la voluntad y no desde la coacción legal.
Restablecer la verdad sin destruir el afecto familiar
En su modelo ideal, si existe un vínculo socioafectivo fuerte, el hombre que ha criado al niño puede mantener la custodia y el apellido, pero como una decisión voluntaria.
La madre, en cambio, asumiría las consecuencias legales del engaño.
Para Larco, la estabilidad del niño no puede basarse en un fraude psicológico y patrimonial, sino en una verdad que permita relaciones auténticas.
El debate no es exclusivo de Ecuador
En Panamá, el diputado Jairo Salazar propuso sancionar el fraude de paternidad con penas de 2 a 5 años de cárcel.
En México, el legislador Ernesto Núñez planteó multas, devolución de pensiones alimenticias y prisión de 1 a 5 años, inspirado en estudios británicos que indican que 1 de cada 50 hombres ha sido víctima de falsa paternidad.
Ambos coinciden en que se trata de una forma de abuso que debe ser sancionada por la ley.
Más allá de las cifras, el fraude de paternidad expone una grieta profunda en la confianza, la justicia y la ética social.
Es una historia de hombres que descubren que su vida fue construida sobre una mentira, de niños que crecen en medio de verdades fragmentadas y de un sistema que aún debate cómo enfrentar una realidad que ya no puede seguir oculta.
Respuestas a tus dudas
¿Qué es el fraude de paternidad?
Es atribuir intencionalmente la paternidad a un hombre que no es el padre biológico, generando obligaciones legales y afectivas basadas en una mentira.
¿Cuántos casos se registran en Ecuador?
Entre 2015 y 2025 hubo 15.266 procesos de impugnación de paternidad, con un promedio anual de 1.526 casos en los tribunales.
¿Qué sanciones se proponen?
El colectivo plantea penas de cárcel de 3 a 5 años, además de medidas legales para reparar el daño económico y psicológico causado.
¿Qué hacen otros países de la región?
Panamá y México ya discuten proyectos de ley para penalizar el fraude de paternidad con prisión, multas y devolución de pensiones alimenticias.
