Asamblea aprueba la ley de GADs que transforma el gasto en Ecuador
Asamblea aprueba la ley de GADs con 77 votos y redefine el gasto público bajo la regla fiscal 70/30 nacional.
La Asamblea aprueba la ley de GADs con 77 votos afirmativos y marca un punto de inflexión en la administración presupuestaria de municipios y prefecturas del país.
La normativa, enviada por el Ejecutivo como proyecto económico urgente, establece la aplicación obligatoria de la regla fiscal 70/30.
Que prioriza la inversión pública sobre el gasto corriente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La decisión se adoptó tras un intenso segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Donde el oficialismo logró consolidar la mayoría necesaria para aprobar la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
¿Qué establece la nueva ley para los GAD?
La ley determina que al menos el 70 % del presupuesto de los GAD deberá destinarse a inversión en obra pública, infraestructura, vialidad, agua potable y servicios básicos.
En contraste, el gasto corriente, que incluye sueldos administrativos y funcionamiento institucional, no podrá superar el 30 %.
Con esta medida, el Gobierno busca mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar que los recursos transferidos desde el Presupuesto General del Estado se orienten a proyectos de impacto ciudadano.
Durante el debate legislativo, los promotores de la norma argumentaron que la reforma permitirá fortalecer la transparencia fiscal y reducir el crecimiento desproporcionado de nóminas en algunos municipios.
Además, señalaron que la ley no elimina la autonomía de los gobiernos seccionales, sino que introduce parámetros de responsabilidad financiera.
Viceprefectos del Ecuador piden archivar el proyecto
Las y los viceprefectos del país emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su firme defensa de la gestión social y los derechos de los grupos prioritarios en sus territorios.
Frente al Proyecto de Ley para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, advierten que clasificar como “gasto corriente” al personal técnico.
Psicólogas, médicos y trabajadoras sociales, implicaría recortes presupuestarios que, en la práctica, provocarían el cierre de centros de atención prioritaria.
Según el pronunciamiento, la medida afectaría programas esenciales contra la violencia de género, la desnutrición infantil, la atención médica comunitaria y la planificación territorial.
Por ello, solicitan públicamente y de manera urgente que se archive el texto del proyecto de ley, insistiendo en que “la calidad del gasto público se mide por personas atendidas, no por recortes de escritorio”.
Debate político y votación clave
La votación se produjo en medio de posiciones divididas.
Mientras el bloque oficialista defendió la iniciativa como una herramienta de ordenamiento presupuestario.
Sectores de oposición advirtieron posibles restricciones operativas para ciertos municipios con limitaciones estructurales.
La sesión estuvo marcada por intervenciones técnicas y políticas que pusieron en el centro del debate la sostenibilidad fiscal y la ejecución eficiente del gasto público en Ecuador.
Con 77 votos afirmativos, el Pleno dio paso definitivo a la normativa económica urgente, cumpliendo el plazo constitucional para este tipo de proyectos.
Impacto en municipios y prefecturas
La aprobación implica que alcaldías y prefecturas deberán reestructurar su planificación presupuestaria anual.
Expertos en finanzas públicas señalan que el principal desafío será reorganizar estructuras administrativas sin afectar servicios esenciales.
Municipios con altos niveles de gasto corriente podrían verse obligados a reducir personal administrativo o redistribuir recursos hacia proyectos de inversión prioritaria.
En ciudades con fuerte dependencia de transferencias estatales, el ajuste será inmediato.
Desde el Ejecutivo se sostiene que la reforma permitirá dinamizar la economía local mediante mayor ejecución de obra pública, generando empleo y mejorando la calidad de vida en los territorios.
Reacciones y escenario político
Tras conocerse que la Asamblea aprueba la ley de GADs, asociaciones de gobiernos municipales expresaron preocupación por la implementación técnica de la regla 70/30.
Argumentan que cada territorio tiene realidades distintas y que el margen de gasto corriente en algunos casos responde a necesidades operativas indispensables.
Por su parte, el oficialismo insiste en que la norma incorpora mecanismos de seguimiento y control que permitirán evaluar resultados sin comprometer la autonomía territorial.
Analistas políticos coinciden en que la aprobación de esta ley fortalece la agenda económica del Ejecutivo y evidencia la capacidad de articulación legislativa en temas fiscales estratégicos.
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¿Qué sigue tras la aprobación?
Una vez publicada en el Registro Oficial, la ley entrará en vigencia y los GAD deberán adecuar sus presupuestos conforme a la nueva disposición.
El Ministerio de Economía y Finanzas emitirá lineamientos técnicos para facilitar la transición hacia el esquema 70/30.
La Asamblea aprueba la ley de GADs en un contexto de ajustes económicos y búsqueda de disciplina fiscal.
El impacto real se medirá en los próximos meses, cuando los municipios comiencen a reflejar cambios en su estructura de gasto y ejecución de obras.
