Caso Altares deja 300 afectados y no tiene fecha de resolución; los taxitas denunciaron a la Presidenta de la Corte Provincial por prevaricato.
En el programa de La Palanketa de Diario La Prensa, transmitido este 19 de febrero, se analizó el estado actual del denominado Caso Altares, investigación iniciada tras los allanamientos ejecutados el 30 de enero de 2025 en Riobamba.
Ese operativo incluyó viviendas de concejales y dependencias municipales, entre ellas la Dirección de Movilidad, dentro de un proceso por presunta asociación ilícita relacionada con la supuesta venta de cupos para taxis rurales en el Caso Altares.
A más de un año de esos hechos, el Caso Altares continúa en etapa de audiencia preparatoria de juicio, sin una fecha clara para su resolución.
Por esta razón conversamos con Gustavo García Guerrero, abogado de un grupo de afectados dentro del Caso Altares, quien explicó los recursos presentados, la denuncia penal interpuesta contra la presidenta de la Corte Provincial de Justicia por presunto prevaricato y el pedido de una auditoría procesal.
Proceso judicial en el Caso Altares
P: Usted ha mencionado que sus defendidos no entregaron dinero a funcionarios públicos. ¿A quién le dieron el dinero y bajo qué figura?
R: “El dinero no dieron a ningún funcionario municipal ni público (…) ellos contrataron un consultor para que se hagan los informes, la consultoría, para que cumpliendo los procedimientos legales obtener (…) el cupo de los taxis rurales. A esa persona (…) es la que tendrá que dar respuestas a la justicia. No nosotros (…) a mis clientes lo que les deben es devolver el dinero”.
P: ¿Qué significa estar en la fase de audiencia preparatoria de juicio dentro del Caso Altares?
R: “En este punto las personas procesadas se defenderán, presentarán elementos de descargo (…) están esperando que nos doblemos (…) están esperando que esto quede en difusidad (…) ¿usted cree que sería digno que la jueza diga que no hay delito? Sería una aberración”.
P: ¿Existe una fecha estimada para los testimonios de autoridades y de los afectados? Si ese no es el caso, ¿qué acciones tomarán?
R: “Estamos en la audiencia preparatoria a juicio (…) estuvimos convocados para la audiencia (…) pero cuando nos tocaba tomar la palabra para defender los derechos de las víctimas, simplemente la señora jueza manifestó que no somos parte procesal, que no somos víctimas (…) mis defendidos son víctimas indirectas (…) eso determinó que se tome la decisión de ponerle una denuncia penal a la presidenta de la Corte Provincial por adecuar su conducta (…) al delito de prevaricato (…) porque las víctimas tienen derecho de intervenir y de ser escuchadas, lo que no sucedió”.
Presuntas irregularidades señaladas en el Caso Altares
P: ¿Por qué considera que ha habido irregularidades o dilaciones en el Caso Altares?
R: “Este proceso (…) ha sido múltiples veces manoseado, no tratado con la celeridad del caso (…) ha estado en Ambato, ha estado en Quito (…) muchas de esas excusas sin fundamento legal alguno (…) o hay desconocimiento del procedimiento o hay el interés positivo de causar tardanzas en el procedimiento”.
P: Desde su criterio jurídico, ¿qué se hizo mal en la investigación del Caso Altares?
R: “Se hizo mal casi todo (…) hay aperturas de equipos tecnológicos en los cuales no existe la autorización (…) esas pruebas son nulas (…) y al ser nulas va a quedar en impunidad los hechos a pesar de que es evidente que existe el delito (…) alguien debe responder”.
Cifras y consecuencias del Caso Altares
P: ¿Cuántos taxistas representa usted y cuál sería el monto total del perjuicio económico en el Caso Altares?
R: “Estamos hablando de que alrededor del grupo (…) son entre 80 o 100 personas, pero me dicen que son alrededor de 300 personas y que cada persona ha entregado un monto de 2.500 dólares (…) estamos hablando de más de medio millón de dólares (…) personas que han hecho un esfuerzo muchas veces vendiéndolo todo (…) para lograr un espacio de trabajo digno”.
En el Caso Altares, las cifras superan los 300 afectados y más de medio millón de dólares presuntamente entregados.
P: ¿Cómo cree que terminará el Caso Altares? ¿Habrá devolución del dinero?
R: “Deberá ser así (…) es por justicia, por dignidad (…) no podemos permitir que mientras estas personas se debaten en la pobreza hayan sido sujetos de un fraude (…) no se puede permitir”.
Escenarios futuros del Caso Altares
P: ¿Ha recibido usted algún tipo de amenaza por su participación en el Caso Altares?
R: “Sí (…) hubo algún intento (…) de enviar amenazas veladas (…) yo tengo alrededor de 30 años de abogado penalista (…) aquí sigo, todavía no ha pasado nada (…) uno hace su trabajo”.
P: ¿Qué podría ocurrir después de la audiencia preparatoria de juicio en el Caso Altares?
R: “Puede declarar una nulidad (…) o dictar un auto de llamada a juicio (…) pero con ciertos hechos que pueden producir nulidad (…) si en algún momento declaran inocentes a muchas de esas personas (…) dirán que es por un tema de nulidad (…) acuérdense de mis palabras”.
El Caso Altares sigue en trámite y, mientras no exista una resolución definitiva, el proceso mantiene la atención pública en Riobamba.
