La nueva ley económica urgente plantea la regla 70-30 para los GAD y podría reducir presupuesto municipal destinado a programas sociales si no se cumple.
La nueva ley económica urgente enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional del Ecuador ha abierto un fuerte debate entre el Gobierno y las autoridades locales.
El informe para primer debate fue aprobado el 12 de febrero de 2026 en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y ahora deberá discutirse en el Pleno.
La propuesta plantea nuevas reglas para el uso del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Lo que podría traducirse en una reducción de recursos disponibles para el área social en municipios y prefecturas.
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¿Qué cambia con la propuesta?
El proyecto establece nuevas reglas para el uso del presupuesto de los GAD.
La norma dispone que:
- El 70 % del presupuesto de inversión se destine obligatoriamente a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.
- El 30 % se utilice para gasto corriente.
Además, si un municipio o prefectura no cumple esta regla, podría enfrentar una reducción en las transferencias del Estado:
- De 21 % a 15 % en gastos permanentes.
- De 10 % a 5 % en gastos no permanentes.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan garantizar sostenibilidad fiscal y asegurar recursos para inversión y mantenimiento.
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Cuestionamientos a la ley económica para municipios
La asambleísta Patricia Núñez de la Revolución Ciudadana, representante de Chimborazo, considera que la medida es inconstitucional porque la Constitución, en su artículo 238, reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD.
También se cuestiona que el proyecto haya sido enviado como “urgente en materia económica”.
Según el dictamen 423-2023 de la Corte Constitucional del Ecuador, este mecanismo solo procede cuando existen
- circunstancias económicas apremiantes,
- relación directa entre el problema y la solución
- necesidad inmediata de la norma
Críticos aseguran que esos requisitos no estarían claramente justificados.
Gobierno mantiene una deuda con municipios y prefecturas
El debate se da en medio de una deuda del Gobierno central con los gobiernos locales que, según autoridades, asciende a aproximadamente 1.000 millones de dólares a nivel nacional.
En el caso de Chimborazo, la cifra sería de 28 millones de dólares.
Desde algunos sectores se advierte que la nueva ley podría convertirse en una herramienta para reducir transferencias a quienes no cumplan con la regla 70-30 o incluso compensar deudas pendientes mediante recortes.
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Alertas desde los territorios
La viceprefecta de Imbabura, Paola Vercoutere, acudió a la Asamblea para solicitar ser recibida en la comisión legislativa y presentar aportes técnicos a lo que calificó como una reforma “mal planteada”.
Según Vercoutere, cambiar de forma rígida la estructura del gasto podría afectar directamente la política social de los municipios y prefecturas, así como su autonomía financiera.
¿Qué programas podrían verse afectados?
Autoridades locales advierten que limitar el gasto corriente puede impactar servicios que no son infraestructura, pero que forman parte de la gestión municipal, como:
- Programas de salud mental.
- Comedores comunitarios.
- Centros de atención integral.
- Servicios municipales de salud.
- Bienestar animal y campañas de esterilización.
- Programas sociales y culturales.
Muchos de estos dependen de recursos para personal, operación e insumos, es decir, gasto corriente.
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El Gobierno defiende la reforma como una medida para ordenar las finanzas públicas y garantizar sostenibilidad.
Los GAD, en cambio, sostienen que la norma limita su capacidad de decidir cómo atender las necesidades de sus comunidades.
El debate en el Pleno de la Asamblea definirá si la propuesta se convierte en ley y qué impacto tendrá en la gestión local en todo el país.
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Preguntas frecuentes de ley económica a municipios
¿Qué propone la nueva ley económica urgente?
Propone que el 70 % del presupuesto de inversión de los GAD se destine a mantenimiento e infraestructura y el 30 % a gasto corriente.
¿Los municipios podrían perder presupuesto?
Sí. Si no cumplen la regla 70-30, podrían enfrentar reducciones en las transferencias del Estado.
¿Por qué se cuestiona la ley?
Algunos legisladores consideran que vulnera la autonomía financiera de los GAD reconocida en la Constitución.
¿Qué áreas sociales podrían verse afectadas?
Programas de salud mental, comedores comunitarios, centros de atención integral, servicios municipales de salud y actividades culturales.
