A partir de 2010, está en vigencia el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que sentó las bases para la descentralización y la autonomía de los gobiernos locales (Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y Parroquiales). A través del artículo 192 de la normativa, se les obliga a formular planes de desarrollo y ordenamiento territorial que respondan a las necesidades de la población, y se enfatiza la importancia de coordinar con los diferentes niveles de gobierno para promover un desarrollo integral en el territorio. Además, las disposiciones contempladas en el artículo 240 obligan a destinar al menos el 70% de los ingresos a inversiones.
En el contexto de una planificación coherente, la inversión se entiende como la asignación estratégica de recursos financieros y materiales hacia proyectos y programas que buscan lograr objetivos de desarrollo a largo plazo, alineados con las necesidades y prioridades de la población. Esta inversión debe ser integral y considerar diversos aspectos, como la infraestructura, la educación, la salud y el ambiente, garantizando que cada acción contribuya a un crecimiento sostenible y equitativo.
En esta línea de análisis, el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), enviado a la Asamblea Nacional con carácter de económico urgente, obligaría a los GAD a destinar al menos el 70% del presupuesto total a inversión, mantenimiento, reposición de infraestructura, bienes y servicios públicos. En tanto, el gasto corriente sería del 30%, donde se incluyen sueldos y salarios, pago de servicios públicos, mantenimiento, materiales y gastos administrativos.
Suena bien de inicio; sin embargo, la camisa de fuerza y la rigidez de la propuesta deja de lado la necesidad de contratar estudios para los proyectos, así como el personal del sistema educativo, centros infantiles, capacitación, proyectos deportivos, salud y medio ambiente. En fin, la concepción de inversión distorsiona el concepto de desarrollo integral y rompe con el trabajo serio que los GAD responsables están llevando adelante.
La exigencia para el manejo responsable de los recursos debe aplicarse a todos los niveles de gobierno, y los exabruptos de ciertos gobiernos locales no se deben generalizar. Si nos planteamos un proyecto de país serio, es imprescindible fortalecer el enfoque de la planificación, la descentralización, la eficiencia y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, incluido el gobierno central, con lo cual, queda la duda sí el proyecto de ley enviado busca la eficiencia o es una herramienta de control que afectaría a ciertos Gobiernos Locales.
