El proyecto de ley enviado desde la presidencia de la República a la Asamblea Legislativa , según el cual, los gobiernos autónomos descentralizados , vale decir, municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, deben invertir hasta el setenta por ciento de sus presupuestos en obras físicas que beneficien a la comunidad. Esta medida deberá ser una realidad a partir del tercer año de la promulgación de la ley, pero inmediatamente ya debe empezar el aumento presupuestario para tales obras, reduciendo así los gastos en asuntos de escasa trascendencia social así como de pagar una burocracia inútil.
A ciertos organismos autónomos que adoptaron como asunto normal y corriente invertir los dineros estatales en asuntos de ninguna trascendencia, el proyecto de ley en trámite debe parecerles un atentado a su independencia. Sin embargo a la mayoría de tales organismos la medida legal les permitirá invertir los recursos económicos no siempre de enorme trascendencia, en atender demandas sociales de urgente atención.
Gastos en fiestas , agasajos o empleos para sus amigos o familias deberán suprimirse y dar paso a una inversión en ámbitos de salud, educación, seguridad , estos sí de enorme significación.
