En tiempos de hiperconectividad, la información circula con una velocidad que supera, con creces, nuestra capacidad de verificación. Las redes sociales, concebidas como espacios de intercambio y democratización de la palabra, se han convertido también en territorios fértiles para la propagación de seudonoticias: textos sin rigor, sin fuentes contrastadas y, en no pocos casos, con una clara intencionalidad de dañar la honra y la credibilidad de las personas.
Desde la comunicación, y con mayor énfasis desde el diseño de los mensajes, resulta ineludible insistir en un principio básico: la verdad no es un acto de fe, sino un proceso. Informar implica confrontar datos, verificar fuentes, contextualizar hechos y comprender que toda publicación tiene efectos reales en la vida social. Escribir sin preparación, sin criterio y sin responsabilidad no es ejercer libertad de expresión; es abdicar del compromiso ético que toda comunicación pública exige.
La actitud crítica del lector se vuelve, en este escenario, una competencia ciudadana indispensable. No todo lo que circula es verdadero, ni todo lo que se viraliza merece credibilidad. Acceder a fuentes oficiales, contrastar versiones, identificar intereses y desconfiar de los discursos emocionales sin sustento documental son prácticas que deben normalizarse tanto en quienes informan como en quienes consumen información.
A ello se suma el principio de responsabilidad ulterior, que recuerda que toda expresión difundida en un medio, especialmente en uno de carácter oficial o institucional, genera consecuencias jurídicas, sociales y morales. Decir implica hacerse cargo de lo dicho. Publicar exige asumir la responsabilidad por el impacto de las palabras.
En un entorno saturado de ruido, defender el método, el contraste y la ética informativa no es un lujo académico: es una urgencia democrática. La verdad, hoy más que nunca, necesita defensores críticos y responsables.
