El fideicomiso de EERSA genera rechazo social en Chimborazo. Organizaciones cuestionan al alcalde y advierten riesgos de control accionario.
Mientras el alcalde de Riobamba, John Vinueza, defiende la creación de un fideicomiso para la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA), amparado en el Decreto Ejecutivo N.° 32, como un mecanismo técnico de orden y transparencia administrativas.
Los ectores sociales, organizaciones ciudadanas y actores políticos expresan su rechazo y advierten riesgos para la autonomía de la empresa y el control accionario local.
El Concejo Municipal de Riobamba sostiene que el fideicomiso no implica privatización ni venta de acciones y que su finalidad es garantizar un orden de pagos a las empresas generadoras de energía.
El alcalde Vinueza aseguró que este procedimiento se aplica desde hace años y que la propiedad de la empresa no se verá afectada.
En la misma línea, el concejal Galo Falconí afirmó que la empresa “sigue siendo de los riobambeños” y que no habrá incrementos en las planillas eléctricas.
Fideicomiso dos versiones de lo que sucede
Estados financieros y cuestionamientos al fideicomiso
Sin embargo, los estados financieros de la empresa eléctrica muestran que la empresa no atraviesa una crisis económica que justifique la implementación de un fideicomiso.
Al cierre de 2023, la compañía:
- registró ingresos por USD 45,4 millones,
- utilidades por USD 10,15 millones
- USD 51,2 millones en efectivo y equivalentes,
Estas cifras reflejan altos niveles de liquidez, solvencia y capacidad de pago.
Para los críticos, estos resultados demuestran que la empresa puede cumplir sus obligaciones sin recurrir a intermediarios financieros que generen nuevos costos administrativos.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el esquema de prelación de pagos que aplicaría el fideicomiso.
Prelación de pagos y regulación de ARCONEL
Según organizaciones sociales, el modelo prioriza:
- el pago a las generadoras privadas,
- luego el gasto corriente y la transmisión,
- deja en último lugar la inversión en electrificación rural.
Este orden, advierten, afecta directamente a las zonas más vulnerables de la provincia.
Las organizaciones sociales también recuerdan que la prelación de pagos en el sector eléctrico ya cuenta con regulación específica.
La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) establece, en el artículo 28.2 de la Regulación N.° ARCONEL 004/24, sanciones administrativas para las empresas eléctricas que incumplen sus pagos.
Esto obliga a las distribuidoras a cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras.
En ese contexto, los colectivos sostienen que la empresa eléctrica ha cumplido con los pagos a las generadoras, por lo que no se justifica la creación de un fideicomiso como mecanismo de control o garantía.
Cuestionamientos jurídicos al Decreto Ejecutivo N.° 32
Desde el ámbito jurídico, expertos señalan que el fideicomiso se sustenta en el Decreto Ejecutivo N.° 32.
No obstante, recuerdan que el artículo 425 de la Constitución establece que un decreto no puede estar por encima de una ley.
En este caso, la empresa eléctrica opera como una sociedad anónima regida por la Ley de Compañías.
En este contexto, la asambleísta Patricia Núñez presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el decreto presidencial.
La asambleísta considera que impone mecanismos administrativos en sectores estratégicos sin sustento legal suficiente. La jueza Claudia Elena Salgado admitió la acción a trámite.
Rol de los alcaldes como accionistas
Paralelamente, organizaciones sociales cuestionaron el rol que asumieron los alcaldes de Chimborazo como accionistas de la empresa.
Los colectivos sostienen que las autoridades locales debieron oponerse al fideicomiso y actuar en defensa del patrimonio provincial.
Nelly Chávez afirmó que, pese a los pedidos ciudadanos y a los antecedentes históricos de defensa de la empresa eléctrica, el alcalde de Riobamba ratificó su respaldo al fideicomiso.
A su criterio, el mecanismo no busca vender la empresa, pero sí abre la puerta a una pérdida progresiva del control accionario local.
Según Chávez, el fideicomiso de la empresa podría replicar procesos ya vividos en el país, aunque bajo un lenguaje técnico distinto, y advirtió que los alcaldes tenían la responsabilidad política y legal de impedir cualquier mecanismo que ponga en riesgo la empresa.
En el mismo espacio se pronunció Mireya Lara, activista de derechos humanos y representante de colectivos sociales, quien cuestionó la falta de información pública sobre el contenido del fideicomiso.
Lara señaló que ni la ciudadanía ni los propios alcaldes conocen el texto del contrato, sus condiciones, beneficiarios ni los riesgos financieros que implicaría.
Lara insistió en que, sin información clara y debate público, cualquier decisión carece de legitimidad social y expone a la empresa a riesgos innecesarios.
Por su parte, Milton Pazmiño, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) capítulo Chimborazo, dio a conocer las resoluciones adoptadas por las organizaciones sociales:
- el rechazo al fideicomiso
- el pedido a los alcaldes para que expliquen los criterios bajo los cuales aprobaron su contratación
Capitalización de recursos y riesgo de pérdida de control accionario
Entre los cuestionamientos planteados por los colectivos ciudadanos figura la desproporción entre el monto del fideicomiso y las obligaciones que se busca garantizar.
Según indican, la empresa eléctrica paga a las generadoras privadas un promedio anual de USD 7 millones, mientras que el fideicomiso ascendería a USD 36 millones.
Para las organizaciones, si el objetivo fuera únicamente asegurar esos pagos, un mecanismo por el monto anual resultaría suficiente.
Las organizaciones también advierten que el fideicomiso permitiría la capitalización de los recursos recaudados por el pago de las planillas eléctricas.
En la práctica, este mecanismo podría traducirse en aportes para futura capitalización a favor del Ministerio del Ambiente y Energía.
Esto haría que incrementando su participación accionaria y reduciendo progresivamente el peso de los gobiernos locales en la toma de decisiones.
Esta preocupación se sustenta en un oficio ministerial fechado el 12 de diciembre de 2025, que dispone la realización de aportes para futura capitalización.
Finalmente, las organizaciones alertan que los documentos del proceso fijan una fecha de inicio del fideicomiso, pero no establecen un plazo de finalización, lo que podría derivar en una administración indefinida de los recursos económicos generados en Chimborazo.
Preguntas frecuentes sobre el fideicomiso
¿Qué es el fideicomiso de la empresa eléctrica?
Es un mecanismo financiero impulsado por el Gobierno, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 32, para administrar los recursos de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
¿El fideicomiso implica la privatización?
Según el Municipio, no. Sin embargo, organizaciones sociales advierten riesgos de una capitalización progresiva que podría reducir el control accionario local.
¿Por qué las organizaciones sociales rechazan el fideicomiso?
Cuestionan la falta de información, el monto del fideicomiso, la prelación de pagos y la posible pérdida de autonomía financiera de la empresa.
¿Qué rol tiene ARCONEL en este proceso?
ARCONEL regula la prelación de pagos del sector eléctrico y sanciona a las empresas que incumplen, lo que —según los colectivos— vuelve innecesario el fideicomiso.
¿Existe una acción legal en curso?
Sí. La asambleísta Patricia Núñez presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial, admitida a trámite por la Corte Constitucional.
