Contrabando en la frontera norte del Ecuador crece mientras aumentan los impuestos, debilitando la seguridad y fortaleciendo economías ilegales.
El contrabando en la frontera norte del Ecuador continúa operando con alta permeabilidad, mientras el Gobierno apunta a Colombia por la inseguridad en la zona y las economías ilegales cruzan sin mayor resistencia por los mismos pasos irregulares de siempre.
La reciente imposición de una tasa de seguridad al país vecino, bajo el argumento de una débil protección fronteriza, ha reavivado tensiones diplomáticas y comerciales, pero también ha puesto en evidencia una realidad incómoda: la alta permeabilidad de las propias fronteras ecuatorianas.
La respuesta recíproca de Colombia no tardó en llegar y abrió un escenario que, lejos de reducir los problemas de seguridad, podría profundizar dinámicas ilegales ya existentes en la zona limítrofe.
Una frontera tomada por economías ilegales
Desde hace años, la frontera norte del país enfrenta un complejo entramado de actividades ilícitas.
El contrabando de mercancías, la minería ilegal, la extorsión, el sicariato y la trata de personas forman parte de una economía criminal que se ha consolidado aprovechando la debilidad del control estatal.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha desplegado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, responsables del control migratorio, la seguridad pública y la vigilancia territorial.
Solo en 2025, cerca de mil militares y policías fueron destinados al control del puente internacional de Rumichaca, mientras que otros 700 efectivos realizan patrullajes permanentes en la zona.
En total, aproximadamente el 25 % de la fuerza pública del país se concentra en las fronteras con el vecino del norte y Perú. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para cerrar los al menos 73 pasos ilegales identificados por las autoridades, utilizados para el ingreso y salida irregular de mercancías y personas.
La tasa de seguridad y el riesgo de más contrabando
En este contexto, la aplicación de una nueva tasa de seguridad genera preocupación entre expertos y sectores productivos.
Para José Luis Ramos, especialista en importaciones, la medida encarecerá los productos que ingresan legalmente al país y terminará incentivando el contrabando en una frontera ya debilitada por la informalidad.
“El comercio formal pierde competitividad cuando aumentan los costos, mientras que el mercado ilegal se vuelve más atractivo”, advierte Ramos, quien señala que el país ya enfrenta altos niveles de contrabando incluso sin la aplicación de nuevas sobretasas.
Cigarrillos, papa y leche: los productos más afectados
El contrabando de cigarrillos lidera actualmente la lista de productos que ingresan de manera ilegal al país. Solo en 2024, el 84 % del consumo nacional habría entrado por vías irregulares, según estimaciones del sector.
A esto se suman productos agrícolas como la papa y la leche. Francis Abad, integrante del colectivo Fe por la Leche, ha denunciado de forma reiterada cómo el ingreso ilegal de este producto impacta directamente en el precio base que reciben los productores nacionales, debilitando aún más al sector rural.
El aumento de impuestos, coinciden los expertos, eleva los precios del comercio formal y empuja a comerciantes y consumidores hacia circuitos informales, fortaleciendo las economías ilegales que el Estado busca combatir.
Rumichaca seguirá abierto pese a las tensiones
Pese al cruce de medidas y declaraciones, Ecuador y Colombia anunciaron que el puente de Rumichaca continuará operando con normalidad, garantizando el tránsito regular de personas, vehículos y carga.
Se mantendrán los protocolos de control migratorio, aduanero y sanitario con el objetivo de proteger el empleo local, el turismo fronterizo y la economía de la zona.
No es la primera vez que el Gobierno adopta medidas de cierre o restricción.
El pasado 24 de diciembre, el país cerró sus fronteras con sus vecinos por motivos de seguridad, argumentando la necesidad de frenar las economías criminales y evitar la trata de personas.
Sin embargo, estas decisiones han estado acompañadas principalmente de una lógica de control y recaudación.
Más impuestos no controlan el contrabando más violencia
En los últimos dos años, el Ejecutivo ha impuesto nuevas tasas, incrementado el IVA del 12 % al 15 % y eliminado subsidios con el objetivo de financiar la seguridad.
Para 2025, el presupuesto destinado a este sector asciende a USD 4.314 millones, según datos del Ministerio del Interior y Defensa.
A pesar de ello, el país atraviesa el año más violento de su historia reciente, con más de 10.000 muertes violentas registradas. Diversos sectores cuestionan que el aumento de impuestos no ha sido suficiente para enfrentar el conflicto interno armado.
El sociólogo político Esteban Chávez sostiene que, aunque el presidente busca imponer una política de mano dura, el país carece de un proyecto sólido con estrategias integrales y sostenidas que ataquen las causas estructurales de la inseguridad, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción institucional.
