Gobierno propone penas de 26 años por reclutar menores para el crimen organizado
Gobierno propone penas de 26 años para castigar el reclutamiento de menores por organizaciones del crimen organizado en Ecuador actual.
Gobierno propone penas de 26 años de prisión para quienes recluten a menores de edad y los incorporen a estructuras del crimen organizado, según un proyecto de ley presentado oficialmente ante la Asamblea Nacional.
La iniciativa busca endurecer el marco legal vigente y responder al creciente uso de niños y adolescentes por parte de bandas criminales en el país.
La propuesta del Ejecutivo plantea incrementar las condenas actuales, que van de 10 a 13 años, a un nuevo rango de entre 22 y 26 años de privación de libertad.
Convirtiendo este delito en uno de los más severamente castigados dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Un proyecto de ley contra el uso criminal de menores
El Gobierno argumenta que el reclutamiento de menores por el crimen organizado se ha consolidado como una práctica sistemática utilizada por grupos delictivos para ejecutar actividades ilícitas.
Aprovechándose de la vulnerabilidad social, económica y familiar de niños y adolescentes.
De acuerdo con el Ejecutivo, las organizaciones criminales emplean a menores en delitos como microtráfico, extorsión, robo, transporte de armas y otras acciones relacionadas con economías ilegales.
Frente a este escenario, el endurecimiento de las penas busca desincentivar esta práctica y golpear directamente a las estructuras de mando que promueven el reclutamiento infantil.
El proyecto fue remitido a la Asamblea Nacional para su trámite legislativo y será analizado en las comisiones correspondientes antes de pasar al debate en el Pleno.
Gobierno propone penas de 26 años como medida disuasiva
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el carácter disuasivo de las nuevas condenas.
Para el Gobierno, elevar las penas hasta 26 años de prisión envía un mensaje claro a las bandas criminales sobre la gravedad del delito y la decisión del Estado de proteger a los menores de edad.
El Ejecutivo sostiene que las sanciones actuales resultan insuficientes frente al impacto social del reclutamiento infantil.
Ya que este fenómeno no solo vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa los ciclos de violencia e inseguridad en barrios y comunidades.
Además del aumento de penas, la propuesta busca fortalecer la capacidad del sistema judicial para procesar estos casos con mayor contundencia.
Protección de derechos y enfoque preventivo
Aunque el eje central del proyecto es punitivo, el Gobierno también ha señalado que la iniciativa se enmarca en una política integral de protección de la niñez y adolescencia.
El objetivo es evitar que menores sean captados por redes criminales desde edades tempranas.
En ese contexto, el proyecto contempla la articulación entre instituciones del Estado, como educación, inclusión social y justicia.
Para reforzar mecanismos de prevención y detección temprana de riesgos asociados al reclutamiento criminal.
El Ejecutivo insiste en que combatir el crimen organizado requiere atacar sus bases, y una de ellas es el uso sistemático de menores como mano de obra delictiva.
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Debate legislativo y expectativas en la Asamblea
La llegada del proyecto a la Asamblea Nacional abre un escenario de debate político y jurídico.
Legisladores deberán analizar el impacto del endurecimiento de penas, su constitucionalidad y su efectividad como herramienta para reducir el reclutamiento de menores.
Coinciden en que el tema requiere una respuesta urgente, debido al incremento de la violencia y al papel que juegan los grupos criminales en la captación de niños y adolescentes.
Con esta iniciativa, el Gobierno propone penas de 26 años como una de las reformas más severas en materia de seguridad.
Apostando por una legislación más estricta para frenar el avance del crimen organizado y garantizar la protección de los derechos de los menores en Ecuador.
