Conflicto legal y administrativo marca la Prefectura de Chimborazo, con el intento de tomar las instalaciones en nombre de Hermel Tayupanda.
La intervención de la Policía Nacional fue necesaria para contener una tarde de gritos y tensión institucional en la Prefectura de Chimborazo.
El episodio coronó una jornada marcada por ruedas de prensa, sesiones cuestionadas y un conflicto interno de poder que, lejos de cerrarse, se profundiza y deja en evidencia una fractura administrativa sin precedentes recientes.
A las 09:30 de este lunes 19 de enero de 2026, la Prefectura de Chimborazo convocó a una rueda de prensa para fijar su postura institucional frente al intento de reintegro de Hermel Tayupanda, quien mantiene un impedimento vigente en el sistema del Ministerio del Trabajo.
La convocatoria buscó sentar una posición oficial ante una disputa que ya había trascendido lo jurídico para instalarse en el plano político y operativo.
La comparecencia fue encabezada por la prefecta subrogante, Mónica Loza, acompañada del procurador síndico, la Coordinación de Talento Humano, la Dirección Administrativa y otras áreas estratégicas.
¿Por qué Hermel Tayupanda no puede regresar a la Prefectura de Chimborazo?
El mensaje central fue claro y reiterativo: sin certificado de rehabilitación del Ministerio del Trabajo no puede emitirse ninguna acción de personal ni ejercerse funciones dentro de la Prefectura de Chimborazo.
El procurador síndico explicó que el conflicto no responde a una voluntad política, sino al estricto cumplimiento normativo.
Señaló que la Ley Orgánica del Servicio Público obliga a verificar impedimentos antes del ingreso o reintegro de cualquier servidor.
Según el análisis jurídico presentado, cualquier acto administrativo emitido sin cumplir este requisito corre riesgo de nulidad, incluidas las convocatorias a sesiones del Consejo Provincial, lo que comprometería la validez de decisiones tomadas desde la Prefectura de Chimborazo.
Desde Talento Humano, la coordinadora Mildred Soria Ayala respaldó esta posición con evidencia técnica, al mostrar en tiempo real el sistema del Ministerio del Trabajo.
“Mientras el sistema del Ministerio de Trabajo no certifique la rehabilitación de impedimento, no me puedo ver obligada para certificar o validar cualquier acción del personal.”
Mildred Soria Ayala
En su intervención final, Mónica Loza sostuvo que su permanencia responde a una obligación legal y no a intereses personales. En una de las frases más contundentes de la jornada afirmó.
“No me quedaré un minuto más, si es que es certificado, pues dice lo contrario.”
Mónica Loza
La declaración buscó marcar un límite político y jurídico en medio del conflicto que sacude a la Prefectura de Chimborazo.
Loza denunció amedrentamientos a funcionarios, intentos de toma de oficinas, exigencias de claves institucionales y una presunta estrategia para generar inestabilidad administrativa, incluso afectando el abastecimiento de combustible para la maquinaria provincial.
Según explicó, estas acciones motivaron decisiones administrativas inmediatas, como la separación de un director financiero por ausentarse sin autorización y presentarse junto a Tayupanda ante la Policía Nacional.
Hermel Tayupanda convocó a una sesion de Consejo Provincial ilegítima
En paralelo, a las 10:30, Hermel Tayupanda convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Provincial, que la Procuraduría Síndica calificó como ilegítima por la falta de habilitación legal del convocante.
La sesión se desarrolló en medio de cuestionamientos abiertos sobre la competencia y legalidad de los actos impulsados fuera de la estructura formal de la Prefectura de Chimborazo.
A la cita asistieron solo tres alcaldes y representantes parroquiales, pero el momento clave lo protagonizó el alcalde de Penipe, Fabián Aldaz, quien cuestionó públicamente la legalidad de la convocatoria y del único punto del orden del día: la restitución de Tayupanda.
Aldaz tomó la palabra antes de la instalación formal, argumentó que mientras subsista el impedimento no existe competencia para convocar, y se retiró de la sesion zoom.
Disputa por el control de la Prefectura de Chimborazo
La tensión escaló en horas de la tarde. A las 14:40, un grupo de exdirectores ingresó a las instalaciones del Consejo Provincial entre gritos, alegando el presunto retorno de Tayupanda al cargo.
Ante el riesgo de confrontación, la prefecta subrogante solicitó apoyo de la Policía Nacional para controlar la situación dentro de la Prefectura de Chimborazo.
Durante la cobertura en vivo de estos hechos, periodistas de este medio enfrentaron actos de amedrentamiento por parte de personas del grupo que intentaba retomar espacios administrativos.
En ese contexto, Alejandro Piedra, abogado de Tayupanda, defendió la legalidad de sus actuaciones.
Aseguró que acudieron a Talento Humano para exigir la emisión de acciones de personal tanto para Tayupanda como para los directores designados, con el fin de recuperar accesos y claves institucionales.
Aunque admitió que el sistema del Ministerio del Trabajo aún refleja el impedimento, lo atribuyó a un “error” que, según dijo, será subsanado y que eso no impediría el retorno al mando de la Prefectura de Chimborazo.
Consultado sobre el presunto ingreso de familiares a cargos dentro de la Prefectura, Piedra no lo negó y argumentó el derecho al trabajo, lo que añadió un nuevo elemento político a la controversia.
Con posiciones enfrentadas, advertencias legales y episodios que ya requirieron presencia policial, la disputa por el control de la Prefectura de Chimborazo continúa abierta.
Loza es firme al afirmar que la resolución tomada por el consejo es ilegítima.
Argumentan que tienen una resolución por parte del Ing. Tayupanda, pero al no encontrarse él en la capacidad de ejercer sus funciones, todo acto que haya realizado es inválido».
Mónica loza
Mientras la administración subrogante sostiene que actúa bajo el amparo de la ley, el equipo de Tayupanda insiste en su retorno inmediato.
En medio, la institucionalidad provincial permanece en tensión dentro de la Prefectura de Chimborazo.
