La asambleísta Mónica Palacios enfrenta su tercera suspensión del CAL. Denuncias contra el Gobierno, acusaciones de persecución política y tensión en Riobamba.
La asambleísta Mónica Palacios vuelve a ubicarse en el centro del debate político nacional.
Su nombre genera reacciones encontradas dentro y fuera de la Asamblea Nacional, especialmente tras conocerse que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominado por el oficialismo, le impuso una nueva suspensión sin sueldo, la tercera desde que inició su período legislativo.
Su reciente visita a Riobamba, lejos de pasar desapercibida, evidenció el nivel de polarización política que rodea su figura: mientras un grupo de ciudadanos la increpó con insultos y acusaciones, otro sector expresó respaldo y agradecimiento por las denuncias que ha hecho contra el Gobierno.
Tres suspensiones y una misma tesis: persecución política
Palacios, quien representa a los ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Canadá, sostiene que las sanciones en su contra no responden a faltas disciplinarias reales, sino a una estrategia de persecución política por parte del oficialismo, como represalia por su labor de fiscalización.
El 7 de enero de 2026, la legisladora anunció públicamente que el CAL le impuso una suspensión de 31 días sin remuneración.
Según explicó, esta medida se desprende de una sanción previa de 90 días, aplicada en septiembre de 2025, la cual —de acuerdo con su versión— habría sido anulada por fallas técnicas, pero que ahora se intenta ejecutar nuevamente bajo otro procedimiento.
“Esta sanción se deriva de una suspensión anterior que no se ejecutó correctamente y que ahora quieren volver a imponer”, afirmó Palacios.
La sanción de 90 días y las acusaciones contra el Presidente
En septiembre de 2025, el CAL resolvió sancionar a Mónica Palacios con 90 días de suspensión sin sueldo, calificando su conducta como una falta “muy grave”.
En ese momento, el organismo sostuvo que la asambleísta alteró el orden de una sesión del Pleno y realizó acusaciones sin pruebas contra el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi.
Palacios había señalado un presunto tráfico de influencias, lo que desató una fuerte reacción del oficialismo y derivó en la sanción legislativa.
No obstante, la asambleísta insiste en que sus declaraciones se basaron en información que debía ser investigada.
Denuncias por presuntas donaciones no declaradas
Durante una entrevista, Palacios aseguró que la suspensión de 90 días se produjo tras denunciar a Lavinia Valbonesi, esposa del presidente, por presuntas donaciones no declaradas provenientes de la empresa minera Dundee Precious Metals.
Según la legisladora, esta compañía tenía interés en el proyecto minero Quimsacocha (Loma Larga), una zona considerada sensible debido a su importancia para los recursos hídricos del país.
“Denuncié que recibió regalitos, supuestamente donaciones, por parte de Dundee Precious Metals, la compañía minera que quería meterle la mano a Quimsacocha y acabar con los recursos hídricos”, afirmó Palacios.
Además, sostuvo que dichas donaciones no habrían sido declaradas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo que, a su criterio, genera dudas sobre su legalidad y transparencia.
Otra sanción por denunciar un proyecto de ley presidencial
La asambleísta recordó que una suspensión anterior de dos meses se produjo luego de que denunciara que el primer proyecto de ley del presidente Daniel Noboa habría tenido como objetivo beneficiar directamente a su familia.
“Denuncié que el primer proyecto de ley del presidente era exclusivamente para perdonarse los 98 millones de dólares que su familia le debía históricamente al Estado ecuatoriano”, aseguró.
Estas declaraciones consolidaron a Palacios como una de las voces más críticas del Gobierno dentro de la Asamblea Nacional, situación que, según ella, la convirtió en un blanco constante de sanciones disciplinarias.
Señalamientos directos a la ministra de Gobierno
Palacios también apuntó directamente a la ministra de Gobierno, Nataly Murillo, a quien acusó de haber impulsado las denuncias en su contra dentro del CAL.
“La que me denuncia ante el CAL es la señora Nataly Murillo, ministra de Gobierno. Justamente yo estaba investigando y por eso me sancionaron”, afirmó.
Según la asambleísta, parte de su trabajo de fiscalización incluyó la investigación de vínculos familiares y laborales cercanos a funcionarios del Ejecutivo, una labor que, asegura, “nadie quiso hacer”.
Una figura polémica que promete continuar fiscalizando
Pese a las sanciones y al ambiente adverso, Mónica Palacios afirmó que continuará fiscalizando las acciones del Gobierno, especialmente en temas relacionados con proyectos mineros y decisiones que, según ella, no responden a la voluntad popular de las comunidades afectadas.
Su caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la fiscalización, el uso del régimen disciplinario dentro de la Asamblea Nacional y la delgada línea entre sanción y persecución política.
Preguntas frecuentes sobre Mónica Palacios
¿Por qué suspendieron a Mónica Palacios?
Mónica Palacios fue suspendida por el CAL por presuntas faltas graves, entre ellas alterar el orden del Pleno y realizar acusaciones contra autoridades del Gobierno. Ella sostiene que se trata de persecución política.
¿Cuántas veces ha sido suspendida la asambleísta?
Hasta enero de 2026, Mónica Palacios ha sido suspendida en tres ocasiones por el Consejo de Administración Legislativa.
¿Qué denuncias hizo contra el Gobierno?
Palacios denunció presuntos vínculos irregulares entre autoridades del Gobierno y actores privados, donaciones no declaradas y posibles beneficios legales para la familia del presidente Daniel Noboa.
¿Qué ocurrió durante su visita a Riobamba?
Su visita generó tensión: algunos ciudadanos la increparon con insultos, mientras otros le expresaron respaldo por su labor de fiscalización.
¿Quién impulsó las denuncias en su contra?
Según Palacios, la ministra de Gobierno, Nataly Murillo, fue quien impulsó las denuncias que derivaron en sanciones dentro del CAL.
