El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para el gobierno del presidente Daniel Noboa, no tanto por la novedad de sus desafíos, sino por la estrechez del margen político y social para afrontarlos. La discusión sobre el Salario Básico Unificado revela una tensión estructural, incrementos mínimos resultan insuficientes frente al costo de vida, mientras aumentos desanclados de productividad y formalización pueden profundizar la fragilidad del empleo. La política salarial exige, por tanto, algo más que consensos coyunturales; demanda una estrategia integral de reactivación y calidad del trabajo.
En materia de seguridad, la percepción ciudadana continúa siendo el principal déficit. Pese a esfuerzos operativos, los resultados no se traducen en control territorial sostenido ni en reducción palpable de la violencia cotidiana. La seguridad, recuerdan analistas nacionales, no se mide solo en decomisos, sino en la recuperación de la vida pública y la confianza social. Sin ello, el discurso gubernamental pierde anclaje en la experiencia diaria. El antecedente de la Consulta Popular fallida añade una capa de complejidad, evidencia límites en la construcción de legitimidad y en la capacidad de persuasión política. Gobernar, en este contexto, exige priorizar, comunicar con claridad y ejecutar con coherencia.
Las recientes salidas internacionales y acuerdos bilaterales abren una oportunidad real, pero condicionada, sólo tendrán valor político si se traducen en inversión, empleo y transferencia tecnológica con impacto interno. El 2026 no admite símbolos; exige resultados verificables.
