El caso Mario Godoy expone denuncias de presiones a la justicia, profundiza la crisis de legitimidad del gobierno de Daniel Noboa y abre un juicio político clave en la Asamblea.
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El caso de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, estalla en un momento particularmente delicado para el gobierno de Daniel Noboa.
La crisis se origina a partir de las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien señaló presiones, amedrentamientos y pedidos de favores provenientes del entorno de la Presidencia de la Judicatura.
Tras la difusión de estas acusaciones, Godoy solicitó vacaciones, una decisión que lejos de desactivar el conflicto acentuó la percepción pública de responsabilidad política y profundizó la desconfianza ciudadana en el sistema judicial.
Este episodio no solo compromete a una autoridad específica, sino que reabre el debate sobre la independencia de la justicia y su relación con el poder político en el Ecuador actual.
Vínculos políticos y sospechas previas
Aunque las relaciones de Mario Godoy con figuras del oficialismo —como la asambleísta Mancheno y actores cercanos al Ejecutivo— eran conocidas como un “secreto a voces”, el caso adquiere mayor gravedad porque confirma la sospecha de una justicia politizada.
El problema de fondo no es únicamente la conducta individual del presidente del Consejo de la Judicatura, sino la posible existencia de un entramado institucional orientado a permitir que el equipo de gobierno ejerza control sobre la justicia, particularmente desde el máximo órgano administrativo del sistema judicial.
Este tipo de vínculos debilita la confianza pública y pone en duda la separación de poderes, uno de los pilares básicos de cualquier democracia.
La lógica de acumulación de poder sobre la justicia
Según el análisis de Javier Chiliquinga, este tipo de prácticas responde a una estrategia de acumulación de poder, donde la justicia deja de operar como una función autónoma del Estado y comienza a alinearse con intereses políticos y patrimoniales.
En el contexto ecuatoriano, estos intereses no se limitan únicamente al combate —o encubrimiento— del crimen organizado.
El control de la justicia resulta clave también en conflictos de alto impacto como:
- Disputas por el uso y control del agua
- Explotación de recursos naturales
- Licitaciones energéticas y petroleras
- Litigios económicos y ambientales
- Contiendas judiciales con repercusiones políticas nacionales
De este modo, la justicia se convierte en un instrumento estratégico para sostener el proyecto político del Ejecutivo.
El caso Godoy también reaviva antiguas alertas sobre los conflictos de interés dentro de la Función Judicial.
Los antecedentes profesionales y familiares de Godoy —independientemente de que hoy ya no ejerzan directamente esas funciones— generan dudas razonables sobre la imparcialidad del sistema.
A esto se suma un elemento especialmente sensible: las presiones denunciadas habrían recaído sobre un juez anticorrupción, una figura clave para garantizar el control del poder, la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción. Esto agrava la percepción de que la justicia no estaría actuando de forma neutral.
El impacto político para el gobierno de Noboa
Para el gobierno, el costo político del caso es significativo. Este episodio se suma al desgaste de legitimidad provocado por el fracaso de la consulta popular y refuerza la sensación de que el Ejecutivo no ha procesado ni corregido el mensaje ciudadano, así lo explica Chiliquinga.
En lugar de fortalecer la independencia de las instituciones, el gobierno aparece vinculado a prácticas que buscan influir en ellas, lo que debilita su discurso de renovación política y transparencia.
El juicio político y la encrucijada de ADN
El juicio político contra Mario Godoy, impulsado desde la Asamblea Nacional, se convierte en un punto de inflexión para el oficialismo. Para el movimiento ADN, las opciones son complejas:
- Defender a Godoy implica asumir el costo político de sostener a una autoridad ampliamente cuestionada.
- Apartarlo supone reconocer la pérdida de control sobre una pieza clave del poder estatal y aceptar la existencia de conflictos internos.
En cualquiera de los escenarios, el gobierno enfrenta un debilitamiento de su capacidad de gobernar, especialmente en un Parlamento donde ya no controla plenamente los votos.
Proyección política hacia 2026
El caso Godoy trasciende el presente y se proyecta hacia el futuro político del país. En un contexto preelectoral, con las elecciones seccionales de 2026 en el horizonte, la justicia aparece como un factor determinante para definir candidaturas, neutralizar adversarios y ordenar el tablero político.
Por ello, este episodio no puede leerse como un hecho aislado, sino como una señal de alerta sobre el rumbo democrático del Ecuador y sobre la relación real que el actual gobierno mantiene con la institucionalidad judicial.
El caso Mario Godoy revela una crisis profunda que va más allá de una persona o un cargo.
Expone las tensiones entre poder político y justicia, profundiza la crisis de legitimidad del gobierno y coloca a la Asamblea Nacional en el centro del debate institucional.
El desenlace de este proceso será clave para definir si el país avanza hacia una justicia independiente o consolida su captura política.
Preguntas frecuentes
¿Quién es Mario Godoy?
Mario Godoy es el presidente del Consejo de la Judicatura, el máximo órgano administrativo del sistema judicial ecuatoriano.
¿Qué denuncias existen contra Mario Godoy?
El juez anticorrupción Serrano denunció presiones, amedrentamientos y pedidos de favores provenientes del entorno de la Presidencia de la Judicatura.
¿Por qué el caso Godoy afecta al gobierno de Daniel Noboa?
Porque refuerza la percepción de influencia política sobre la justicia y profundiza la crisis de legitimidad del Ejecutivo tras la consulta popular.
¿Qué es el Consejo de la Judicatura?
Es el organismo encargado de la administración, control y disciplina de la Función Judicial en el Ecuador.
¿Qué puede pasar con el juicio político?
El desenlace dependerá de la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional y marcará el futuro del control político sobre la justicia.
