La sentencia del caso Las Malvinas expuso desaparición forzada, militarización, racismo y la verdad que el Estado intentó negar en Ecuador.
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La sentencia dictada en diciembre de 2025 por el tribunal penal ecuatoriano en el caso de los denominados Niños de Las Malvinas constituye un hito relevante en materia de derechos humanos.
El fallo condenó a varios militares a penas de hasta 34 años de prisión por el delito de desaparición forzada agravada de cuatro menores de edad, reconociendo de manera expresa la grave vulneración de derechos fundamentales cometida por agentes del Estado.
Más allá de las condenas individuales, el caso abre un debate profundo sobre los tiempos de la justicia, la militarización de la seguridad ciudadana, la construcción de estigmas desde el poder y la responsabilidad estructural del Estado ecuatoriano.
¿Fueron adecuados los tiempos del proceso judicial?
Uno de los cuestionamientos más frecuentes ha sido el tiempo que tomó el proceso: aproximadamente un año desde los hechos hasta la sentencia.
Sin embargo, según el abogado en derechos humanos Sebastián Cedeño, este plazo no constituye un retraso improcedente, sino el resultado lógico de un proceso penal serio, con garantías y respeto al debido proceso.
El caso atravesó una investigación compleja que incluyó fase preprocesal, instrucción fiscal, audiencias intermedias, actuación probatoria y deliberación jurídica y fáctica.
En el contexto del sistema penal ecuatoriano, estos tiempos son razonables e incluso necesarios para evitar decisiones arbitrarias o influenciadas por la presión mediática.
No obstante, Cedeño advierte una paradoja estructural: así como este proceso avanzó con celeridad relativa, lo mismo debería ocurrir en todos los casos.
En la práctica, la fase preprocesal suele estancarse y la fase procesal se vuelve trabada, especialmente cuando las víctimas pertenecen a sectores vulnerables.
Esto evidencia una justicia desigual y un Estado con serias fallas estructurales, particularmente en materia de seguridad y acceso a la justicia.
La sentencia y el desmontaje de la narrativa criminalizante
Un punto central del fallo es la ratificación judicial de que los niños no eran delincuentes, en contraste con las versiones iniciales que los señalaban como presuntos ladrones.
El tribunal fue categórico: no existió una sola evidencia que respaldara dichas afirmaciones.
El ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, en una entrevista del 23 de diciembre de 2024 dijo que los niños de Las Malvinas «estaban robado a una mujer» y la patrulla de militares los detiene.
Esta conclusión resulta clave para entender el daño causado por la narrativa estatal. Incluso el propio gobierno llegó a reconocer públicamente a los niños como “héroes”, una postura incompatible con la previa insinuación de conductas delictivas.
Como señala Cedeño, aunque hipotéticamente hubiesen cometido una infracción, ello jamás justificaría una detención ilegal, tortura o desaparición forzada.
La sentencia no solo sanciona a los responsables, sino que reivindica el derecho a la verdad de las víctimas sobrevivientes y de sus familias.
Sin embargo, el fallo demuestra que la justicia, al menos en este caso, no compró la narrativa estigmatizante construida desde el poder.
Militarización, cadena de mando y violaciones estructurales
Desde una perspectiva de derechos humanos, el caso no se limita a la responsabilidad penal individual. La participación de más de 30 efectivos militares revela la existencia de una cadena de mando estructurada, lo que permite afirmar que se trató de una violación grave, consciente y sistemática de derechos humanos.
El fallo expone el uso indebido de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, función para la cual no están diseñadas ni constitucionalmente destinadas.
La militarización, reforzada por estados de excepción prolongados, lejos de solucionar la crisis de seguridad, incrementa los riesgos para la población civil, especialmente para niños, adolescentes y jóvenes pobres o racializados.
Asimismo, el caso evidencia fallas graves de control civil, déficit de formación en derechos humanos y una alarmante falta de sensibilidad social dentro de los altos mandos militares.
Racismo, clasismo y estereotipos promovidos desde el Estado
La criminalización de los niños de Las Malvinas no fue un hecho aislado.
Se inscribe en una lógica de racismo y clasismo estructural, donde determinados cuerpos son considerados sospechosos por defecto, según Cedeño.
Este enfoque, promovido o tolerado desde el Estado, legitima prácticas violentas, la exclusión social y, en los casos más extremos, la desaparición forzada.
El trabajo persistente de las familias y de las organizaciones de derechos humanos fue determinante para desmontar estos estigmas y lograr que la verdad judicial prevaleciera sobre los prejuicios.
¿Un caso aislado? Otros menores desaparecidos
Lejos de ser un hecho excepcional, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado que, hasta abril de 2025, 33 personas fueron reportadas como desaparecidas tras operativos militares, de las cuales al menos siete eran menores de edad, en el contexto del denominado conflicto armado interno.
Estas cifras son alarmantes y refuerzan la idea de que el caso de Las Malvinas es un síntoma de un problema estructural, no una anomalía.
Responsabilidad del Estado en el caso
Aunque existan condenas penales contra los ejecutores materiales, el Estado ecuatoriano sigue siendo responsable por los actos de sus agentes.
Por ello, como sostiene Sebastián Cedeño, el caso podría ser presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mediante una petición ante la Comisión Interamericana, dado que se evidencian patrones de responsabilidad estructural y no meramente individual.
La sentencia del caso Niños de Las Malvinas representa un avance en la lucha contra la impunidad, pero también deja al descubierto los efectos devastadores de la militarización, la ausencia de políticas públicas de prevención y la reproducción de estereotipos racistas desde el poder.
El fallo demuestra que la seguridad sí es posible cuando existe voluntad política, dijo Cedeño. La pregunta pendiente es por qué esa fuerza del Estado se ejerce con brutalidad contra los más vulnerables y no con la misma determinación contra quienes, con pleno conocimiento, cometen actos delictivos.
Ahora la opinión pública exige que el ministro Loffredo renuncie a su cargo por las declaraciones que dio y el resultado de la sentencia.
Preguntas frecuentes sobre la sentencia del Caso Malvinas:
¿Qué resolvió la sentencia del caso Niños de Las Malvinas?
La sentencia condenó a varios militares a penas de hasta 34 años de prisión por la desaparición forzada agravada de cuatro menores, reconociendo graves violaciones a los derechos humanos.
¿El proceso judicial fue demasiado largo?
No. Según expertos en derechos humanos, el plazo de aproximadamente un año fue razonable y acorde a un proceso penal serio y garantista.
¿Los niños estaban involucrados en delitos?
No. El tribunal determinó que no existió ninguna evidencia que los vinculara con actividades delictivas, desmontando la narrativa criminalizante inicial.
¿El caso evidencia problemas estructurales del Estado?
Sí. Revela fallas en el control de las Fuerzas Armadas, uso indebido de la militarización y posibles responsabilidades estructurales del Estado ecuatoriano.
¿Puede el caso llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Sí. Existe la posibilidad de presentar una petición ante la Comisión Interamericana debido a la responsabilidad estatal por actos de sus agentes.
