La reiteración de episodios críticos entre adolescentes y jóvenes en Riobamba y en el país revela una problemática que ya no admite evasivas, la salud mental juvenil atraviesa un deterioro profundo y sostenido. Este fenómeno no responde a circunstancias aisladas, sino a un entramado de presiones sociales, económicas y familiares que los sistemas públicos no han sabido enfrentar con responsabilidad. La inexistencia de políticas integrales, sostenidas y territorializadas en salud mental constituye una omisión estatal que compromete directamente los derechos de una generación que crece sin el soporte institucional que merece.
No se trata únicamente de ampliar servicios asistenciales, sino de articular una política pública coherente, con presupuesto, profesionales especializados y acciones de prevención temprana en escuelas, barrios y comunidades. La ausencia de esta estructura no solo amplifica el riesgo, sino que deja a los jóvenes expuestos a la desprotección emocional y a la soledad afectiva, factores que agravan cualquier signo de crisis psicológica.
En este contexto, la responsabilidad social de los adultos no puede diluirse. Es indispensable fortalecer la presencia afectiva, la escucha atenta y la intervención oportuna. Los jóvenes requieren referentes estables capaces de reconocer señales de alarma, contener emocionalmente y orientar sin imponer. No basta con indignarse ante las tragedias: es necesario actuar antes de que ocurran. El país necesita asumir la salud mental juvenil como un asunto de Estado y de comunidad. Si no protegemos hoy a quienes inician su trayectoria vital, mañana enfrentaremos una sociedad aún más fracturada, sin capacidad de sostenerse ni de proyectarse hacia un futuro digno.
