El mes de agosto de 2025 se cumplieron 10 años del cierre de la COAC Acción Rural, misma que afectó gravemente la economía de miles de socios en su mayoría personas de la tercera edad que depositaron su dinero y la confianza en esta institución financiera y en sus directivos que no pudieron responder de manera efectiva, causando un shock en la economía local que es muy frágil y débil en el contexto nacional.
Las personas más afectadas fueron los jubilados que pusieron sus esperanzas en mantener un fondo que les permita vivir con dignidad sus últimos años, muchos se fueron sin poder mirar ni disfrutar el fruto del esfuerzo de toda su vida, generando para los que aún quedan cuadros nostálgicos por los problemas y necesidades que cada vez se hacen crecientes debido a su edad avanzada, siendo necesario esos recursos para alimentación, medicinas y manutención en general.
Otro segmento poblacional gravemente afectado, los pequeños emprendedores que se quedaron sin capital operativo para honrar sus compromisos económicos, quedaron endeudados, algunos hasta la fecha no han podido levantarse de este lamentable episodio, afectando también a terceros que recibieron el coletazo de esta quiebra irresponsable.
Los afectados han impuesto varias acciones judiciales, algunos de los demandados guardan prisión, pero eso no arregla las cosas. Lo lamentable de esto, es que habiendo ya pasado tiempo suficiente, las autoridades que tienen que ver con el tema han hecho gala y esplendor de un absoluto y total quemeimportismo, sin considerar en lo más mínimo, peor en lo humano, la forma de vida y penurias de familias que se quedaron en la más absoluta pobreza e indigencia.
Es más, encubriendo a muchos culpables indirectos, que no supieron en su momento con la ley y competencias en su mano, controlar ética y eficientemente el descalabro que se venía venir y evitar a tiempo estas fatídicas quiebras de esta y otras cooperativas a nivel nacional.
De acuerdo a declaraciones de una persona que en ese tiempo lideraba el organismo de control, quien expuso públicamente que existe una cantidad muy fuerte de dinero de personas que no pudieron justificar sus acreencias y de gente que no retiró su depósitos por varias causas, que esos recursos servirían para solucionar en gran porcentaje a los perjudicados que aún les falta recibir sus acreencias, hoy se ha hecho para atrás dejando en entredicho su versión original de la existencia de esos dineros.
Es necesario que los asambleístas que recibieron el apoyo ciudadano, por justicia y por derecho, se duelan e involucren de lleno de forma urgente para investigar este asunto, ubicar esos recursos que al parecer nadie conoce su destino, y legislar para que se proceda a resarcir a los ecuatorianos perjudicados y sus familias que luego de una década de estoico aguante siguen con la confianza que alguna autoridad les haga justicia, porque en el Ecuador lo único que queda como consuelo es eso, la esperanza.
