CNE presenta denuncia al binomio correísta, generando tensión política al cuestionar presuntas irregularidades en las cuentas de campaña presidencial del 2023.
El CNE presenta denuncia al binomio correísta conformado por Luisa González y Andrés Arauz ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por posibles inconsistencias en la rendición de cuentas de su campaña presidencial anticipada de 2023.
Esta acción del órgano electoral despierta un nuevo foco de tensión política en Ecuador, en pleno contexto de polarización y con miras a próximas decisiones políticas.
Antecedentes del caso
El pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó, en una sesión reciente, avanzar con la denuncia contra la Revolución Ciudadana (RC), partido que postuló a González como candidata presidencial junto a Arauz como candidato a vicepresidente.
El CNE cuestiona que no se han justificado adecuadamente los aportes recibidos ni los egresos durante la campaña electoral.
Según el CNE, podría haber incumplimientos del artículo 281, numeral 1, del Código de la Democracia, que exige presentar informes de ingresos y egresos, identificar a los contribuyentes, y detallar el origen de los aportes.
Reacción del correísmo
Ante la acusación, figuras importantes de la Revolución Ciudadana han respondido con dureza.
El expresidente Rafael Correa y el excandidato Andrés Arauz denunciaron un presunto intento de eliminar políticamente al movimiento.
Según ellos, el CNE estaría queriendo sancionar injustamente a la organización por una cifra relativamente baja —alrededor de 6.400 dólares—, lo que consideran desproporcionado para los fines que se persiguen.
No obstante, el CNE ha aclarado que no existe aún una denuncia formal en firme contra la RC.
La presidenta del organismo, Diana Atamaint, aseguró que el informe técnico sobre las cuentas de campaña aún se está elaborando y no ha sido formalmente remitido al TCE.
Postura institucional del CNE
El CNE argumenta que este procedimiento busca garantizar el cumplimiento de la normativa electoral, sin que por ello sea un ataque político directo al correísmo.
En un comunicado, la presidenta Atamaint desmintió que exista un plan para “eliminar” al movimiento RC, y aseguró que la revisión de las cuentas forma parte de un proceso técnico habitual.
Por su parte, en la resolución que aprobó la denuncia, el CNE mantiene que los consejeros electorales han cumplido con su competencia de fiscalizar el origen y destino de los recursos de campaña.
Riesgos y sanciones posibles
Si el TCE determina que hubo infracción, el binomio correísta podría enfrentarse a sanciones según lo establecido en el Código de la Democracia.
Las penas van desde una multa de 20 a 70 salarios básicos unificados hasta la suspensión de los derechos políticos por entre dos y cuatro años.
Además, una sanción grave podría debilitar la posición política de la Revolución Ciudadana justo en un momento donde el país vive una fuerte polarización de cara a sus procesos electorales y consultas populares.
Implicaciones políticas
La denuncia alimenta la narrativa de confrontación entre el CNE y el correísmo, en un escenario donde la desconfianza institucional vuelve a cobrar relevancia.
Sectores aliados a González y Arauz denuncian que se trata de una persecución política, mientras que el CNE insiste en la necesidad de transparencia y regulación estricta de los fondos electorales.
Este proceso se vuelve especialmente sensible porque coincide con otras tensiones políticas en el país, con fuerzas opositoras que interpretan la medida como un posible golpe institucional y el correísmo que denuncia un intento de amedrentamiento.
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Próximos pasos
El TCE tendrá que evaluar la denuncia con base en el informe elaborado por el CNE.
Será fundamental que el órgano electoral presente pruebas sólidas sobre la supuesta falta de justificación de los recursos.
Mientras tanto, la Revolución Ciudadana podría responder con acciones legales o recursos contenciosos.
Si el Tribunal decide avanzar, el caso podría convertirse en un precedente relevante sobre la fiscalización de financiamiento electoral en Ecuador y en un punto de inflexión para la estabilidad política.
El desenlace se seguirá con atención tanto desde el poder político como desde la ciudadanía, que ve en este tipo de procesos un reflejo del debate general sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la influencia del poder electoral en la arena partidaria.
