El 16 de noviembre, Ecuador se prepara para regresar a las urnas y pronunciarse sobre cuatro preguntas cruciales: tres de referéndum, que implican cambios en artículos específicos de la Constitución vigente, y una pregunta de consulta popular sobre la convocatoria para redactar una nueva Constitución.
La primera pregunta del referéndum busca modificar el artículo 5 de la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras. Detrás de esta propuesta se esconde un interés estratégico por parte de Washington en la región, que busca fortalecer su presencia en América Latina, se puede ver como un intento de contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia, que han ganado terreno en el continente a través de inversiones y alianzas estratégicas.
La posibilidad de contar con instalaciones militares en Ecuador facilitaría las operaciones de vigilancia y control para abordar problemas transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo, además de asegurar rutas comerciales que protegen los intereses económicos estadounidenses. Sin duda, la decisión que tomemos en Ecuador tendrá repercusiones significativas en nuestras relaciones con otros países de la región.
La segunda pregunta se centra en la asignación de recursos públicos a los partidos y movimientos políticos. En un contexto donde la aceptación de los partidos es baja y la desconfianza ciudadana crece, estos cambios impactarán en la representación política. Al priorizar los aportes de afiliados y simpatizantes, se deja en desventaja a los movimientos más pequeños para el financiamiento de una campaña electoral, aumentando la influencia de grupos económicos en la política y comprometiendo la equidad en la competencia electoral. Además, de la exigencia de obtener al menos el cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones sucesivas para adquirir derechos similares a los partidos, lo que limitará aún más la pluralidad democrática.
La tercera pregunta se refiere a la reducción del número de asambleístas, transformando a la Asamblea Nacional en un cuerpo unicameral con un total de 10 asambleístas nacionales. Este sistema proporcional, basado en la población de cada provincia, plantea el riesgo de sobrerrepresentar las áreas urbanas en detrimento de las rurales. La consolidación del poder político en pocos partidos incrementaría la polarización debido a la forma de asignación de escaños.
Finalmente, la cuarta pregunta, correspondiente a la consulta popular, interroga al pueblo ecuatoriano sobre la convocatoria e instalación de una Asamblea Constituyente. Surge la pregunta fundamental: ¿escribir una nueva Constitución solucionará los problemas del país, o será, por el contrario, una herramienta para eliminar los obstáculos que limitan el poder del ejecutivo?
El voto implica corresponsabilidad en las decisiones que afectan nuestro futuro; por tanto, es fundamental analizar y conocer el impacto que cada una de estas preguntas tendrá para el país.
