El presidente Daniel Noboa propone una nueva Constitución a través de una consulta popular y referéndum. Su plan de refundar Ecuador divide opiniones.
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El próximo 16 de noviembre, los ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir si apoyan o no la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.
La propuesta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca reemplazar la Carta Magna de 2008 —redactada bajo el gobierno de Rafael Correa— por un texto más breve, de 180 artículos, que según el mandatario refleje “las nuevas realidades del país”.
“Si la mayoría dice que no, aceptaré los resultados; pero si dice que sí, empezará la campaña para definir los contenidos de la nueva Constitución”, afirmó Noboa en una entrevista reciente, al insistir en que el cambio es una oportunidad para “modernizar el Estado y garantizar la seguridad ciudadana”.
Esto dice la pregunta de la consulta popular 2025:
El poder constituyente y la legitimidad del proceso
De acuerdo con el artículo 444 de la Constitución vigente, el poder constituyente reside exclusivamente en el pueblo, que puede decidir mediante consulta popular o referéndum si aprueba o no un nuevo texto constitucional.
El abogado Luis Poma Ramos, experto en derecho constitucional, recuerda que el Ejecutivo puede proponer el cambio, pero “la decisión final es del pueblo ecuatoriano”.
Para Poma, la legitimidad del proceso dependerá de que se respete el carácter soberano del voto y que el debate no sea monopolizado por intereses partidistas.
“No se trata de una decisión presidencial, sino de un mandato popular. La Constituyente debe responder a la necesidad nacional, no a la conveniencia de un gobierno”, enfatiza.
Cómo se conformaría la nueva Asamblea Constituyente
En 2008, la Asamblea que redactó la actual Constitución contó con 130 miembros, entre nacionales y provinciales. En caso de aprobarse el “sí”, el país deberá definir nuevamente quiénes redactarán el texto y bajo qué condiciones.
Poma considera que el marco actual —que solo exige ser ecuatoriano y mayor de 18 años— es insuficiente:
“La Constitución es la norma suprema del Estado. Quienes la redacten deben tener preparación técnica y ética, como ocurre con jueces o docentes universitarios”.
El jurista sugiere que la Asamblea incluya profesionales de diversas áreas —derecho, salud, educación, agricultura, economía— acompañados de asesores especializados, para que el texto refleje las realidades sociales y productivas del país.
Riesgos, costos y contexto político de la consulta popular
La propuesta del Ejecutivo surge en un ambiente altamente polarizado. Sectores afines al Gobierno la ven como una oportunidad para “romper con el pasado”, mientras que la oposición teme que se utilice para concentrar poder o distraer de los problemas urgentes del país.
“Ecuador necesita un cambio estructural, no parches”, ha dicho Noboa al justificar su iniciativa, argumentando que la actual Constitución “es garantista con los criminales” y no ofrece herramientas efectivas frente a la crisis de seguridad.
El mandatario sostiene que la carta política de 2008 “ha quedado rezagada” y que se requiere una nueva arquitectura institucional que responda a desafíos como la transición energética, la revolución digital y las migraciones.
Sin embargo, el abogado Poma advierte sobre los riesgos económicos y estructurales de convocar una Constituyente.
“Una Asamblea implica altos costos y la reorganización total del Estado. Antes de convocarla, se debe evaluar la viabilidad financiera y la pertinencia técnica del proceso”, señala.
También alerta sobre la posibilidad de que se use con fines políticos:
“Debe evitarse que la Constituyente se convierta en un instrumento ideológico del mandatario de turno. La participación ciudadana y la pluralidad deben estar garantizadas, pero con responsabilidad técnica”.
Voces de la ciudadanía: entre el apoyo y la desconfianza
En redes sociales y foros ciudadanos, la consulta popular ha reavivado el debate nacional.
Muchos ecuatorianos expresan esperanza de renovación, pero otros dudan de la utilidad y el costo del proceso.
“Apoyamos al Presidente siempre y cuando la nueva Constitución proteja los derechos alcanzados, especialmente en salud, trabajo e IESS”, opinó Jorge Castillo Martínez, quien ve en la propuesta una oportunidad para reforzar los derechos sociales.
En contraste, José Villa expresó su rechazo:
“No hace falta otra Constitución, hace falta funcionarios que hagan cumplir las leyes”.
Otros, como Ángel Xavi Barrionuevo Duarte, cuestionan el gasto que implicaría:
“Otra vez se gasta la plata del pueblo ecuatoriano. No es momento para eso”, escribió.
Mientras tanto, Fito Tamayo, un ciudadano afín al oficialismo, respaldó la postura presidencial al afirmar que “los derechos de los criminales son lo único que garantiza la Constitución actual”.
El abogado Poma, al reflexionar sobre este clima social, señala que el desencanto ciudadano con las instituciones es una muestra de que “la población vive una realidad distinta a la que muestran los discursos políticos”.
“El país enfrenta desempleo, inseguridad y una falta de políticas públicas efectivas. La Constitución puede ser el reflejo del cambio, pero no el sustituto de una gestión eficiente”, enfatiza.
Argumentos del Gobierno: seguridad y reconfiguración del Estado
El documento oficial que acompaña la convocatoria sostiene que “la crisis integral de Ecuador no puede atenderse con cambios puntuales, sino que requiere una reconfiguración total del Estado”.
Según cifras oficiales, 2025 es el año más violento de la historia del país, con más de 6.000 homicidios en lo que va del año.
El Ejecutivo considera que esta realidad exige una nueva institucionalidad capaz de responder a los desafíos de la criminalidad organizada, el cambio climático y la modernización económica.
Entre el ideal del cambio y la incertidumbre política
El debate sobre la consulta popular se ha convertido en un reflejo de la fractura social del país.
Para algunos, la Constituyente representa una esperanza de transformación profunda; para otros, un riesgo de retroceso y manipulación política.
El jurista Poma sintetiza el dilema nacional:
“Reescribir la Constitución no resolverá, por sí sola, los problemas estructurales del Ecuador. Pero si se hace con visión técnica, ética y participación real, puede ser el inicio de un nuevo pacto social”.
La consulta del 16 de noviembre será, en definitiva, un termómetro político y ciudadano:
¿confía el país en Noboa para dirigir un proceso de refundación o prefiere apostar por reformar lo que ya existe?
La respuesta, una vez más, quedará en manos del pueblo.
Revisa los anexos de las preguntas de la consulta popular y referéndum:
