Caso del prefecto de Chimborazo iría a Fiscalía por incumplir sanción
El TCE exige cumplimiento inmediato de la suspensión contra el prefecto de Chimborazo y anuncia posibles acciones penales en Fiscalía.
El TCE emitió una contundente resolución el 21 de octubre de 2025, mediante la cual ordena un examen especial al sistema de registro de sanciones del Ministerio de Trabajo, por inconsistencias detectadas en la ejecución de la sanción impuesta al prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda Cuvi.
El auto, firmado por el juez Joaquín Viteri Llanga, enfatiza que el incumplimiento de las disposiciones judiciales podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales.
Además advierte que el caso podrá ser remitido a la Fiscalía General del Estado si las autoridades involucradas no actúan conforme a la ley. El documento dice:
“En razón de que existen dudas razonables sobre el manejo del sistema CIWEB y sobre el procedimiento aplicado para el registro de las sanciones dispuestas por este Tribunal, se dispone realizar un examen especial integral al sistema de registro de sanciones, prohibiciones e impedimentos administrado por el Ministerio del Trabajo (CIWEB u otros que correspondan)”, detalla el documento oficial.
En el sistema del Ministerio del Trabajo con corte a las 10:02 del 22 de octubre, Tayupanda no registra impedimento para ejerccer un cargo público.
Prefecto de Chimborazo Hermel Tayupanda suspendido por proselitismo
El proceso se inició tras la denuncia presentada por Juan Sebastián Cuvi Navas, quien acusó al prefecto de Chimborazo de haber incurrido en una infracción electoral grave, de acuerdo con el artículo 278 del Código de la Democracia.
El 5 de septiembre de 2025, el juez Richard Honorio González Dávila dictó sentencia aceptando la denuncia y sancionó a Tayupanda Cuvi con la suspensión de sus derechos de participación por tres meses.
Posteriormente, el 23 de septiembre, el Pleno Jurisdiccional del TCE ratificó la sentencia, al negar los recursos de apelación interpuestos por las partes.
En cumplimiento de la resolución, se notificó al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio de Trabajo para el registro de la sanción.
No obstante, el 2 de octubre, el Ministerio emitió dos certificados contradictorios: uno que confirmaba la suspensión y otro que indicaba que Tayupanda no tenía impedimentos legales para ejercer cargos públicos. Esta contradicción activó la intervención del TCE.
Ministerio de Trabajo bajo revisión por irregularidades
En una diligencia posterior, la ministra Ivonne Núñez Figueroa explicó que el error se originó en el uso de plantillas automáticas que generaron certificados inconsistentes.
El TCE, sin embargo, recordó que el Ministerio debía acatar sin reinterpretar ni modificar el contenido de la resolución judicial, y dispuso que corrija inmediatamente el registro limitándose únicamente a la suspensión de derechos de participación.
“Las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral son de cumplimiento inmediato y obligatorio, lo que implica que deben ser ejecutadas sin dilación ni reinterpretación. En consecuencia, ninguna autoridad administrativa o entidad pública puede reinterpretar o condicionar su ejecución”, señala el auto.
A pesar de ello, hasta el 21 de octubre el Tribunal constató que el Ministerio no había informado el cumplimiento de la orden.
Por esta razón, el juez Viteri Llanga solicitó que la Contraloría General del Estado realice un examen especial al sistema CIWEB para verificar si hubo fallas o irregularidades en el registro.
Advertencia directa al Consejo Provincial y a la Fiscalía
En su resolución, el TCE también ordenó al Consejo Provincial de Chimborazo que, en un plazo de tres días, presente los documentos que prueben que la sanción contra Tayupanda fue ejecutada.
Esto incluye el acto administrativo o acción de personal que acredite su separación temporal del cargo de prefecto.
El Tribunal fue claro en su advertencia: si se evidencia incumplimiento, omisión o manipulación de la resolución, el expediente será remitido a la Fiscalía General del Estado, conforme al artículo 267 del Código de la Democracia.
“En razón de que los servidores públicos son responsables por acción u omisión en el ejercicio del cargo, se advierte que de cumplirse con los presupuestos establecidos en el artículo 267 del Código de la Democracia este Tribunal remitirá el expediente a la Fiscalía General del Estado”, subraya el documento del TCE.
Cumplimiento obligatorio e inmediato para el prefecto de Chimborazo
El Tribunal recordó que sus resoluciones son definitivas y de cumplimiento obligatorio, y que ninguna autoridad puede reinterpretarlas o condicionarlas.
Además, ordenó la publicación del auto en la cartelera virtual y página web institucional, garantizando la transparencia del proceso.
La advertencia del TCE marca un precedente: cualquier entidad que incumpla una sentencia electoral o altere su ejecución podrá ser investigada penalmente.
En este caso, tanto el Ministerio de Trabajo como el Consejo Provincial de Chimborazo deberán acatar las órdenes judiciales sin dilación, bajo la supervisión directa de la justicia electoral y con la Fiscalía al tanto del proceso.
Colectivo de mujeres de Chimborazo apoya a Mónica Loza
El 20 de octubre, Hermel Tayupanda ingresó a las oficinas de Mónica Loza, prefecta subrogante de Chimborazo, y con la frase «Todo lo que hiciste, me deshaces» intentó intimidarla.
Esto provocó una ola de indignación, y el 22 de octubre, el colectivo de Mujeres de Chimborazo se reunió en el Consejo Provincial para presentar su apoyo a Loza.
