El Gobierno del Ecuador, cuya función es proteger y representar a la ciudadanía, ha declarado que “no existen condiciones” para establecer un diálogo con las bases movilizadas en el actual paro nacional. Esta afirmación no sólo es contradictoria, sino profundamente preocupante desde una perspectiva democrática. Pedir a los manifestantes que levanten los bloqueos y detengan las movilizaciones como condición previa para el diálogo es muestra de la cobardía del poder frente a demandas populares. Es, en el fondo, un intento de vaciar la protesta de su fuerza política y simbólica, exigiendo que se desactive justamente lo que la hizo visible.
Un gobierno no tiene el derecho de condicionar el diálogo con su pueblo, tiene la obligación de sostenerlo, y más aún en medio de la inestabilidad. Cuando un Estado, que ostenta el monopolio de la violencia legítima, pretende negociar desde una posición de fuerza, lo que realmente hace es diseñar un terreno desigual, donde las voces del pueblo quedan subordinadas al guion del poder. La protesta ha sido criminalizada, lejos de esto, protestar es un acto de interpelación social, una respuesta a la injusticia, una forma de romper el silencio cuando las vías institucionales han fracasado.
Pedir que se detenga completamente la movilización antes de dialogar es pedirle al pueblo que renuncie a su única herramienta de presión sin ninguna garantía real de ser escuchado.
Cuando el gobierno exige condiciones previas para el diálogo, lo que está haciendo en realidad es exigir sumisión, no entendimiento. No busca acuerdos, sino legitimación de un plan ya premeditado, diseñado para sostener el poder de turno y no para responder a las necesidades colectivas. Un diálogo auténtico sólo es posible cuando ambas partes se reconocen con dignidad. Y para eso, el Estado debe recordar que no está por encima del pueblo.
