El Gobierno de Daniel Noboa destina USD 1.686 millones en más de 20 bonos sociales para 2025. Expertos advierten que la medida podría ser insostenible pese a la eliminación de subsidios al diésel.
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La política de bonos implementada por el Gobierno de Daniel Noboa ha generado debate entre economistas y analistas sociales.
Según la docente investigadora de la Universidad Nacional de Chimborazo, Doris Gallegos Santillán, los subsidios directos y las nuevas obligaciones del estado impulsados en 2024 y 2025 representan una expansión sin precedentes en la política social del país.
Gallegos explicó que las obligaciones el estado, originalmente concebidos como una herramienta para combatir la pobreza, han pasado de ser una política a convertirse en una política de Estado, lo que obliga a las administraciones a mantenerlos para evitar conflictos sociales.
En el caso del actual, el presupuesto destinado para estos programas aumentó de USD 775 millones en 2024 a USD 1.686 millones en 2025, un incremento superior al 100%.
Entre los beneficios implementados se encuentran el Bono de Desarrollo Humano, Raíces, Jóvenes en Acción, Bono Cata Nuevo Ecuador para agricultores, y otros dirigidos a policías, militares y migrantes retornados.
En total, se contabilizan cerca de 20 tipos de bonos, entre pagos únicos y mensuales, para distintos grupos sociales.
La economista advirtió que, aunque el régimen de Noboa justifica la expansión de estos programas como una forma de compensar la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina extra, la medida podría tener efectos contraproducentes.
“Los bonos deberían servir para activar la economía productiva, pero en muchos casos se convierten en medidas parche que generan dependencia del Estado”, señaló Gallegos.
Además, resaltó que no siempre existe un control sobre el uso de los recursos, lo que impide medir su verdadero impacto en la reducción de la pobreza o la desigualdad.
Como ejemplo, recordó casos en los que beneficiarios destinaron bonos o créditos subsidiados al consumo, y no a inversión productiva.
Pese a las críticas, Gallegos considera técnicamente acertada la eliminación del subsidio al diésel, pues representa un alivio para el déficit fiscal y ayuda a reducir el contrabando de combustibles hacia países vecinos.
Sin embargo, advirtió que la eliminación de subsidios debe venir acompañada de una estrategia clara de redistribución y control del gasto público.
“El régimen ha optado por redistribuir los ahorros de los subsidios en bonos, pero eso no garantiza sostenibilidad. Si no hay generación de empleo o inversión productiva, el efecto es temporal”, concluyó la académica.
