Expoflores denuncia toma de fincas florícolas por parte de manifestantes
En medio del paro nacional, empleados fueron obligados a sumarse, situación que Expoflores denuncia toma de fincas florícolas en Cotacachi.
En medio del paro nacional que afecta a diversas provincias del Ecuador, Expoflores denuncia toma de fincas florícolas en Cotacachi, provincia de Imbabura.
Por parte de manifestantes indígenas liderados por Jéssica Torres, vicepresidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC).
Este hecho ha generado alarma en el sector florícola, debido a bloqueos de acceso, amenazas al personal y la interrupción de actividades productivas.
Bloqueos y amenazas en Cotacachi
Según el gremio floricultor, aproximadamente 200 manifestantes se apostaron en los exteriores de las fincas, impidiendo la entrada de trabajadores y obligándolos, bajo presión, a unirse al paro nacional.
“Esto no es una protesta, es extorsión”, señaló un representante de Expoflores, quien aclaró que los hechos serán denunciados formalmente ante la Fiscalía General del Estado.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran decenas de personas bloqueando los accesos, generando una situación de tensión y preocupación en la comunidad laboral.
Los empleados afectados temen por su seguridad y exigen garantías para poder retomar sus actividades normales.
Impacto en la producción y pérdidas económicas
El sector florícola en Cotacachi se encuentra entre los más afectados por estas movilizaciones.
Según datos de Expoflores, más de 33.000 trabajadores han sido impactados desde el inicio del paro nacional el 22 de septiembre.
Las pérdidas económicas ascienden entre 2 y 2,5 millones de dólares en los primeros días de conflicto, afectando no solo la producción sino también la cadena de exportación de flores hacia mercados internacionales.
La interrupción de labores también genera incertidumbre entre los inversionistas y empresarios del sector, quienes han solicitado a las autoridades locales y nacionales actuar con rapidez para garantizar el derecho al trabajo y la propiedad privada.
Declaraciones de Expoflores y medidas legales
Durante una entrevista radial, Alejandro Martínez, director ejecutivo de Expoflores, indicó que los manifestantes no son infiltrados, sino miembros y dirigentes del movimiento indígena de la zona.
“Se utilizan estos espacios como presión para obligar a los empleados a unirse al paro. Es un patrón que ya hemos visto en protestas anteriores”, señaló Martínez.
En este contexto, Expoflores denuncia toma de fincas florícolas como un acto de extorsión que afecta directamente a trabajadores y productores.
El gremio anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la participación de Jéssica Torres y se sancione a los responsables.
Reacción del sector y autoridades
La invasión de fincas florícolas ha generado preocupación en la comunidad empresarial y entre los trabajadores del sector.
Expoflores ha solicitado la intervención inmediata de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar el acceso seguro a las fincas y proteger tanto a los empleados como a las instalaciones productivas.
Hasta el momento, las autoridades locales y nacionales no han emitido una declaración oficial sobre los hechos, mientras que los gremios empresariales exigen medidas firmes para evitar que este tipo de situaciones se repita.
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Perspectiva del paro nacional
Los bloqueos y amenazas en Cotacachi se suman a una serie de acciones similares en otras provincias del país.
Los gremios del sector florícola advierten que, de continuar estas movilizaciones violentas, podrían registrarse más pérdidas económicas y un impacto significativo en la cadena de exportación de flores, uno de los sectores más importantes de la economía ecuatoriana.
En conclusión, la situación en Cotacachi evidencia un conflicto entre derechos de protesta y el respeto a la propiedad privada.
Expoflores denuncia toma de fincas florícolas como un acto que va más allá de la protesta legítima y requiere intervención inmediata de las autoridades para proteger a los trabajadores y garantizar la legalidad en las operaciones del sector.
