Estado de excepción en 10 provincias del país
Estado de excepción en 10 provincias del país, Chimborazo está en el listado

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El presidente Daniel Noboa declaró este sábado un estado de excepción en 10 provincias del país por “grave conmoción interna” ante protestas por el alza del diésel.
Se han tornado violentas, afirmó el mandatario sobre las manifestaciones indígenas que buscan frenar el costo del combustible.
Estado de excepción en 10 provincias del país
El decreto explica que busca frenar “medidas de hecho” en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
Las restricciones incluyen prohibir reuniones las 24 horas del día en las provincias bajo excepción.
Según Noboa, en las protestas han sido agredidos policías y militares, incluso algunos secuestrados o vejados.
Cómo se relaciona este estado con el marco legal nacional
La Corte Constitucional anuló previamente el estado de excepción anterior en cinco provincias, dejando vigente solo en Carchi e Imbabura. Daniel Noboa reaccionó con una nueva declaratoria.
Qué restricciones impone el estado actual
Se suspende el derecho a la libertad de reunión en esos territorios durante 24 h, limitando aglomeraciones en espacios públicos.
No obstante, se permiten protestas que sean pacíficas y no afecten derechos ni libertades de terceros.
Se movilizarán Fuerzas Armadas y Policía Nacional para “prevenir la violencia” en las zonas declaradas.
Qué provincias están bajo la medida y por qué

Las 10 provincias afectadas son: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
Chimborazo figura entre ellas, justo cuando las manifestaciones se intensifican en la sierra central.
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Reacción del poder judicial y el precedente constitucional
La Corte emitió dictámenes previos sobre decretos similares, estableciendo límites de constitucionalidad.
El gobierno asegura que esta medida es necesaria ante una alteración grave del orden público que supera medidas tradicionales.
7 puntos clave que debes saber del decreto
- Declaratoria por grave conmoción interna.
- Restricción total de reuniones en los territorios afectados.
- Movilización de fuerzas de seguridad.
- Permiten protestas pacíficas condicionadas.
- Respaldo parcial del tribunal constitucional en casos anteriores.
- Incluye provincias con alto nivel de conflicto social.
- Busca evitar una escalada que afecte a la ciudadanía.
Este decreto se fundamenta en que las protestas “han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos”.
El gobierno insiste en que busca proteger “los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”.
La decisión fue emitida de noche y con carácter urgente para enfrentar la radicalización del paro nacional.
El decreto contempla que las fuerzas estatales actúen con “estricta sujeción al derecho y proporcionalidad”.
Contexto: protestas indígenas y aumento del diésel
Las manifestaciones son lideradas por la Conaie, organización indígena que rechaza la quita del subsidio al diésel.
El incremento del precio del combustible generó paros, bloqueos e interrupciones en servicios básicos.
El gobierno ofreció compensaciones a sectores vulnerables para mitigar el impacto social.
La tensión política ha escalado, con rechazo a la medida desde diversos sectores sociales.
Enlaces para profundizar en el tema
Para más información sobre decisiones judiciales, visita la Corte Constitucional del Ecuador.
Para contexto internacional sobre derechos humanos, consulta informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU).
Respuestas a tus dudas frecuentes
¿Qué implica el estado de excepción?
Suspensión temporal de derechos como la reunión y movilización en zonas declaradas.
¿Solo se restringen manifestaciones?
No: aplica para reuniones cualquiera del tipo.
¿Qué provincias cubre?
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
¿Quién lo decretó?
El presidente Daniel Noboa mediante decreto ejecutivo reciente.
¿Por qué declararlo ahora?
Porque el gobierno considera que el orden público se ha alterado más allá de medidas ordinarias.