Criminalización de la protesta social y derecho a la resistencia en Ecuador. Terrorismo y manifestación explicados con claridad.
La criminalización de la protesta social en Ecuador avanza con denuncias judiciales. En la Fiscalía de Riobamba fueron acusados por instigación, incendio y terrorismo líderes indígenas.
Entre los señalados están el presidente de la Conaie, Marlon Vargas; el presidente de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi; y el expresidente de la Conaie, Leonidas Iza.
La denuncia fue presentada por Manuel Peñafiel Falconí, dirigente de la Corte de Justicia Indígena Iberoamericana, afín al gobierno de Daniel Noboa.
Según el escrito, los líderes convocaron el 18 de septiembre de 2025 a un paro nacional en rechazo al Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel.
Esto habría derivado en enfrentamientos con la Policía Nacional. Peñafiel pide iniciar la investigación por “concurso real de infracciones” con penas de hasta 40 años de prisión.
Fiscalía abre más procesos contra dirigentes sociales
En paralelo, la Fiscalía de Pichincha notificó con investigaciones a otros líderes sociales y sindicales de relevancia nacional.
Lista de dirigentes investigados por la Fiscalía
- Andrés Quishpe, presidente de la UNE.
- Edwin Bedoya, presidente del FUT.
- Nery Padilla, dirigente de la FEUE.
- Wilfrido Espinosa, presidente de la Fenocin.
- Mario Guilcamaiga y Luis Chillagana, de la FUOS Cotopaxi.
- El activista Paul Jácome.
El testimonio de Matías Lama sobre persecución
El dirigente del Frente Popular de Chimborazo, Matías Manguia, denuncia que el Estado usa narrativas de terrorismo y vínculos con bandas para estigmatizar la protesta.
“Algo parecido ya vivimos en la época de Correa, cuando como estudiantes secundarios sufrimos persecución. Hoy se repite la historia: dirigentes que levantamos demandas sociales somos tratados como delincuentes”.— Matías Manguia.
El Frente Popular de Chimborazo recibió citaciones judiciales. Lama denuncia acusaciones sin pruebas y errores graves en las notificaciones de la Fiscalía.
Errores señalados en las citaciones judiciales
- Se lo acusa de paralización de servicios sin fecha, lugar ni pruebas.
- Se lo identifica erróneamente como Jefe de la Policía Judicial de Chimborazo.
“Es inaudito que se cometan semejantes errores en procesos que pueden costar años de cárcel. Se trata de un intento de intimidación, no de justicia”.— Matías Manguia
La diferencia entre terrorismo y manifestación
Comprender la diferencia entre terrorismo y manifestación es clave para evitar confusiones y proteger los derechos ciudadanos.
Definiciones básicas según la RAE y la Constitución
- Terrorismo (RAE): Sucesión de actos violentos ejecutados para infundir terror.
- Manifestación: Derecho de participación ciudadana para exigir responsabilidades al Estado.
Llamar terrorista a un manifestante significa criminalizar la protesta social, equiparando la exigencia de derechos con un delito grave.
La Constitución del Ecuador, en su artículo 98, reconoce el derecho a la resistencia, permitiendo enfrentar abusos estatales y la vulneración de derechos fundamentales.
Consulta más sobre derechos constitucionales en Defensoría del Pueblo y en ONU Derechos Humanos.
Los riesgos de la criminalización en Ecuador
Organizaciones sociales advierten que estas estrategias buscan silenciar la disidencia, restringir la expresión en redes y desmovilizar a sectores críticos de la política económica.
La judicialización de líderes sociales se convierte en herramienta política que confunde protesta con terrorismo y amenaza derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Respuestas a tus dudas
¿Qué significa criminalización de la protesta social?
Es tratar las manifestaciones como delitos graves, vinculándolas con terrorismo o violencia para frenar el derecho a la resistencia.
¿Qué protege el derecho a la resistencia?
El artículo 98 de la Constitución de Ecuador ampara a ciudadanos y colectivos frente a vulneraciones estatales y abusos de poder.
¿Por qué es grave confundir manifestación con terrorismo?
Porque debilita la democracia, estigmatiza a los protestantes y justifica la represión de la protesta social.
