Dirigente indígena de Chimborazo acusado por delito de paralización
Fernando Guamán, dirigente indígena de Chimborazo es notificado como sospechoso por presunto delito de paralización, caso que será investigado por la Fiscalía.
Fernando Guamán Gualli, presidente de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo de los Pueblos de la Nación Puruway (Comich), fue notificado oficialmente este 22 de septiembre de 2025, a las 19:25, como sospechoso dentro de la Investigación Previa N.º 060101825090347.
El proceso se relaciona con el presunto delito de paralización de un servicio público, tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La notificación, firmada por el fiscal Diego Lenin Andrade Ulloa, establece que Guamán debe rendir su versión en la Fiscalía el 24 de septiembre de 2025 a las 09:00, en presencia de su abogado defensor.
En caso de no contar con representación legal, se dispone que la Defensoría Pública lo acompañe, en cumplimiento del artículo 76 de la Constitución ecuatoriana y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la defensa y al debido proceso.
Dirigente indígena de Chimborazo deberá acudir a Fiscalía
El artículo 346 del COIP establece que la paralización de servicios públicos puede sancionarse con una pena privativa de libertad de uno a tres años.
La norma busca proteger la continuidad de servicios esenciales como transporte, salud, seguridad, electricidad o telecomunicaciones, cuya interrupción afecta directamente a la ciudadanía.
De acuerdo con el oficio, el objetivo de la diligencia es recibir la versión de Guamán en calidad de sospechoso.
Además, se ha dispuesto que un agente de la Policía Judicial de Chimborazo realice las coordinaciones necesarias para garantizar su comparecencia y presente un informe en un plazo de 48 horas.
Según el comunicado difundido en redes locales, consideran que la acusación tiene un trasfondo político y busca debilitar a las organizaciones sociales.
Guamán ha sido un actor visible en recientes movilizaciones provinciales relacionadas con demandas sociales, territoriales y de servicios básicos.
Estas acciones, aunque se enmarcan en el derecho constitucional a la protesta, podrían estar vinculadas a las investigaciones abiertas por la Fiscalía sobre afectaciones a la prestación de servicios públicos.
El derecho a la protesta y sus límites en Ecuador
La Constitución del Ecuador reconoce en su artículo 66 el derecho a la libre expresión, a la resistencia y a la protesta pacífica.
Sin embargo, la legislación establece límites cuando estas acciones derivan en bloqueos prolongados de vías, cortes de energía o impedimentos al funcionamiento de servicios esenciales.
Diversos expertos en derecho constitucional han señalado que este tipo de procesos judiciales ponen a prueba el equilibrio entre el derecho ciudadano a manifestarse y la obligación del Estado de garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Organismos de derechos humanos han advertido en anteriores ocasiones que una aplicación rígida de esta norma podría restringir de forma desproporcionada las protestas sociales.
La diligencia programada para el 24 de septiembre será clave para determinar la situación jurídica de Fernando Guamán.
En caso de que la Fiscalía encuentre elementos suficientes, podría formular cargos, lo que abriría un proceso penal formal. De lo contrario, la investigación previa podría archivarse por falta de méritos.
La expectativa ahora se centra en cómo evolucionará el caso y en si este proceso judicial impactará en la dinámica del movimiento indígena en Chimborazo y en el ámbito nacional, donde las organizaciones sociales han sido históricamente actores relevantes en el escenario político.
Mientras tanto, Comich insiste en que continuará con su agenda organizativa y en que defenderá el derecho de sus dirigentes a ejercer funciones sin ser objeto de presiones judiciales.
Este caso, que combina elementos legales, políticos y sociales, se suma a una larga lista de tensiones históricas entre el Estado y los movimientos indígenas en Ecuador, donde la protesta social ha jugado un papel decisivo en distintos momentos de la vida nacional.
