TCE multa a Patricia Núñez del correísmo por inducir al voto en redes, marcando un precedente sobre el uso electoral de plataformas digitales.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, multó a la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Patricia Núñez Ramos, con una multa de USD 4.700 por una infracción electoral grave relacionada con publicaciones en redes sociales durante el proceso electoral de 2025.
La resolución fue emitida el 15 de septiembre de 2025 y responde a una denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, quien acusó a Núñez de inducir al voto a favor del binomio presidencial conformado por Luisa González y Diego Borja.
Según la denuncia, la legisladora utilizó su cuenta personal en la red social X (@patynunezrCh) para emitir mensajes de apoyo a esa candidatura entre el 7 y el 9 de abril de 2025, mientras ejercía sus funciones públicas como asambleísta.
Pruebas y determinaciones del TCE en el caso de Patricia Núñez
Un peritaje forense digital ordenado dentro del proceso judicial determinó que las publicaciones atribuidas a Núñez eran auténticas y no habían sido manipuladas.
También se constató que la cuenta fue eliminada o su contenido fue ocultado posteriormente, aunque esto no impidió verificar su existencia y difusión durante el periodo señalado.
En su sentencia, el juez Viteri concluyó que tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad de la denunciada fueron probadas legalmente.
No obstante, aplicó el principio de proporcionalidad previsto en la normativa electoral y descartó la destitución, que es la sanción más severa establecida en estos casos, optando por imponer una multa económica equivalente a diez salarios básicos unificados.
La resolución establece que la asambleísta deberá pagar la multa en un plazo de 30 días contados a partir de la ejecución de la sentencia.
Sin embargo, la asambleísta puede interponer un recurso de apelación ante el Pleno del TCE, que tiene la facultad de confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia.
Precedentes recientes de sanciones similares en la RC5
El caso de Núñez se suma a otras decisiones recientes adoptadas en relación con el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos en contextos electorales.
El 2 de julio de 2025, el mismo juez Viteri sancionó a la asambleísta Viviana Veloz, jefa de bloque de la Revolución Ciudadana, con una multa de USD 9.000 por realizar campaña anticipada en las elecciones de 2023.
Tras una apelación, el Pleno del Contencioso Electoral redujo la multa a USD 4.700 el 8 de agosto de 2025, aunque mantuvo firme la declaración de infracción.
Estas resoluciones forman parte de una línea jurisprudencial que busca reforzar la aplicación de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de Ecuador (Código de la Democracia), que prohíbe a los servidores públicos inducir al voto utilizando sus cargos o recursos institucionales.
El objetivo de esta normativa es garantizar la equidad en los procesos electorales y evitar ventajas indebidas de quienes ocupan funciones públicas.
Contexto político y relevancia institucional
La Revolución Ciudadana mantiene actualmente 48 curules en la Asamblea Nacional, lo que la convierte en una de las principales bancadas legislativas.
La denuncia de Guarderas, quien fue destituido del Consejo de Participación Ciudadana en 2024, se produce en un escenario de tensiones entre actores políticos contrarios al correísmo y miembros de esa organización política.
El fallo contra Núñez refleja el aumento del control del TCE sobre las actividades de los servidores públicos en plataformas digitales, en especial durante períodos de campaña electoral.
El uso de redes sociales como herramienta de difusión política ha cobrado un papel central en los últimos años, lo que ha motivado al organismo electoral a endurecer sus criterios de vigilancia.
La sentencia contra Núñez aún no está en firme. De presentar una apelación, el Pleno del TCE deberá analizar el caso y resolver de forma definitiva si mantiene, modifica o revoca la multa impuesta.
En caso de confirmarse la resolución de primera instancia, la legisladora deberá cancelar los USD 4.700 dentro del plazo establecido.
El TCE ha señalado que continuará aplicando las disposiciones legales vigentes con el propósito de garantizar procesos electorales transparentes y equitativos, así como para delimitar de forma clara el uso de redes sociales por parte de los funcionarios públicos durante campañas electorales.
