Daniel Noboa declara estado de excepción en 7 provincias del Ecuador
Ante protestas sociales y bloqueos, Daniel Noboa declara estado de excepción en siete provincias para mantener el orden público nacional.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa declara estado de excepción en siete provincias del país, en respuesta a la grave conmoción interna generada por las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.
La decisión se formalizó mediante el Decreto Ejecutivo 134, emitido el 16 de septiembre de 2025, con una vigencia inicial de 60 días.
La medida surge en un escenario de bloqueos de carreteras, marchas indígenas, manifestaciones estudiantiles y paros de transportistas.
Que cuestionan el impacto económico del fin del subsidio al combustible, el cual durante años fue un pilar de la movilidad en Ecuador.
Provincias alcanzadas por el decreto
El estado de excepción se aplica en siete provincias clave:
- Carchi
- Imbabura
- Pichincha
- Cotopaxi
- Bolívar
- Azuay
- Santo Domingo de los Tsáchilas
Estas provincias concentran gran parte de las movilizaciones sociales, especialmente en Quito, Cuenca y Tulcán, donde las manifestaciones han paralizado sectores de transporte, comercio y producción agrícola.
Medidas adoptadas en el estado de excepción
Con el Decreto 134, el Gobierno busca mantener el orden público y la seguridad interna.
Las disposiciones incluyen:
- Suspensión del derecho a la libertad de reunión en espacios públicos de las siete provincias.
- Autorización a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para intervenir y dispersar aglomeraciones que representen un riesgo a la seguridad ciudadana.
- La medida no contempla toque de queda general, aunque se podrán restringir horarios en caso de agravarse la situación.
- El derecho a la protesta no queda anulado, siempre que sea pacífica y no vulnere los derechos de terceros.
Según el Ejecutivo, estas acciones buscan prevenir actos violentos y garantizar el libre tránsito en carreteras, afectadas por bloqueos desde la entrada en vigor de las protestas.
Razones detrás de la decisión
El retiro del subsidio al diésel es parte de la estrategia económica del gobierno de Noboa para reducir el déficit fiscal y redirigir recursos hacia sectores prioritarios como salud, educación y seguridad.
Sin embargo, el aumento del precio del combustible ha generado rechazo en sectores vulnerables y gremios de transporte, que aseguran que la medida incrementará el costo de vida.
Además, las marchas indígenas y movimientos sociales han vinculado su protesta con otras demandas, como la defensa del agua, la oposición a proyectos mineros y el pedido de mayor inversión en las comunidades rurales.
Reacciones al estado de excepción
El anuncio de que Daniel Noboa declara estado de excepción ha generado reacciones divididas:
- Sectores afines al Gobierno respaldan la medida como una herramienta necesaria para garantizar la estabilidad y evitar el caos en las calles.
- Organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que suspender la libertad de reunión podría derivar en un retroceso democrático y criminalización de la protesta.
- Analistas políticos señalan que la decisión fortalece la imagen de firmeza de Noboa, pero al mismo tiempo incrementa el riesgo de confrontación con la sociedad civil.
Impacto político y económico
El estado de excepción tiene efectos inmediatos en el clima social y en la economía nacional:
- El transporte público y de carga registra incrementos en sus costos operativos, que podrían trasladarse a los precios de alimentos y productos básicos.
- Las exportaciones agrícolas, especialmente en la Sierra, enfrentan demoras por bloqueos de carreteras.
- En el plano político, la medida fortalece la posición de Noboa frente a la oposición, pero abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos.
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Estado de excepción en Ecuador, lo que se espera
La decisión de que Daniel Noboa declara estado de excepción en siete provincias representa un punto de inflexión en su gobierno.
El presidente apuesta por la seguridad y el orden como pilares de su mandato, pero enfrenta el desafío de mantener la gobernabilidad sin erosionar las libertades ciudadanas.
El desenlace de esta crisis dependerá no solo de la aplicación del decreto, sino también de la capacidad del Gobierno para ofrecer soluciones económicas que mitiguen el impacto del fin del subsidio al diésel en la vida de los ecuatorianos.
