Asamblea debatió en Chimborazo la crisis judicial: corrupción, falta de jueces e infraestructura precaria generan alarma y pedido de emergencia.
El 12 de septiembre, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional sesionó en la Universidad Nacional de Chimborazo para analizar las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.
El encuentro estuvo marcado por un diagnóstico crítico del sistema judicial provincial y nacional, cifras reveladoras y un debate que puso en el centro la necesidad de transparencia y fortalecimiento institucional.
Alex Sánchez, director provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, expuso la realidad judicial de la provincia. Informó que existen cuatro unidades judiciales en Riobamba:
- Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con 10 jueces que cuentan con equipos completos.
- Unidad de Violencia, con 4 jueces en número óptimo.
- Unidad Civil, con 10 jueces, aunque con deficiencia en sala civil y sala penal debido a encargos temporales.
- Unidad Penal, con 5 jueces y un tribunal de dos.
Además, detalló que en los cantones funcionan siete unidades multicompetentes:
- Guano, con dos juezas que enfrentan más de 600 procesos cada una, ahora con secretarios y ayudantes judiciales tras años de espera.
- Alausí, con dos jueces.
- Colta, con un juez en número óptimo.
- Guamote, con un juez.
- Pallatanga, Cumandá y Chunchi, con un solo juez cada cantón.
Pese a esta limitada capacidad, Sánchez subrayó que la provincia mantiene un índice de resolución del 0,98%, superior al promedio nacional.
Infraestructura para el sistema de justicia
Al referirse a la infraestructura, recordó que mientras provincias como Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi cuentan con modernos complejos judiciales, en Chimborazo solo se invirtió alrededor de un millón de dólares en la repotenciación de un edificio histórico, hoy bajo proceso de fiscalización.
La Corte Provincial continúa funcionando en un inmueble de más de 80 años. Sánchez fue contundente:
“Qué fácil es destruir muchas veces la confianza de la ciudadanía en la justicia, es cierto, pero qué difícil resulta volver a ganarse esa confianza”.
Alex Sánchez
También informó que la mediación permitió en 2024 un ahorro cercano a un millón de dólares, al descongestionar el 19% de causas.
Además, la provincia alcanzó un 99,05% de causas resueltas por esta vía, ubicándose entre las mejores del país.
Asamblea analiza la corrupción en Chimborazo
El asambleísta, Keevin Gallardo, coincidió en la necesidad de fortalecer la ética judicial y advirtió sobre los riesgos que implica la falta de jueces especializados.
Recordó que en la provincia hubo destituciones recientes y alertó.
“Me preocupa también que la carga procesal radique nuevamente en otras zonas que no tienen principio de especialidad”.
Keevin Gallardo
Gallardo planteó interrogantes sobre cómo evitar que los procesos disciplinarios se conviertan en instrumentos de persecución a jueces honestos y llamó a establecer mecanismos claros para sancionar únicamente a quienes lo ameriten.
Luis Rodrigo Miranda, presidente del Colegio de Abogados, intervino con un discurso enfático sobre la corrupción en el sistema judicial.
Reconoció que la mayoría de jueces son honestos, pero cuestionó la impunidad frente a casos graves.
“Ese cáncer es la corrupción… hemos visto que inclusive ahora están en presuntos implicados en casos de ventas de sentencias aquí en la provincia de Chimborazo”
Luis Rodrigo Miranda
Miranda advirtió que sin un control real sobre los vocales del Consejo de la Judicatura, cualquier reforma será insuficiente.
Además, mostró reparos frente a la propuesta de instaurar jurados populares para delitos de corrupción, considerando la falta de infraestructura y recursos.
El debate nacional con impacto en la provincia
Otros asambleístas presentes ampliaron el análisis, destacando que el déficit de jueces no solo afecta a la provincia sino a todo el país, con una cifra que supera los 754 cargos vacantes.
Señalaron que esta carencia limita el acceso a la justicia y retrasa procesos judiciales en diversas provincias.
El debate también se centró en la necesidad de garantizar independencia judicial y de evitar que las reformas se conviertan en medidas populistas.
La presidenta de la comisión, Rosa Torres, subrayó que los cambios deben asegurar que el ecuatoriano sea el primer veedor y fiscalizador de los procesos judiciales.
El debate coincidió en un punto: la urgencia de reformas que no se limiten a sanciones o controles aislados, sino que fortalezcan de manera integral el sistema de justicia, con transparencia, ética y acceso real para la ciudadanía.
