Concejo de Riobamba rechazó convenio propuesto por alcalde Vinueza, frenando la reactivación del tren y generando división política y jurídica.
El Concejo de Riobamba rechazó la moción presentada por el alcalde John Vinueza para autorizar la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
En el convenio tambien figuraba los municipios de Riobamba y Guano, y la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador (EPEF), actualmente en proceso de liquidación.
La sesión se desarrolló el 10 de septiembre de 2025 y terminó con seis votos en contra y cuatro a favor, decisión que frena, al menos temporalmente, el avance de este proyecto ferroviario.
El alcalde defendió la iniciativa resaltando que se trataba de un primer paso para concretar la reactivación del tren como atractivo turístico y eje de desarrollo económico para Riobamba y Chimborazo.
Aclaró que el convenio marco no implicaba comprometer recursos municipales en la etapa inicial, sino únicamente establecer la cooperación interinstitucional.
Durante la sesión, sostuvo: “Estamos construyendo un sueño de la ciudad de Riobamba, que es la recuperación del tren”.
Vinueza detalló que, una vez firmado el convenio marco, se podrían realizar estudios técnicos y más adelante convenios específicos que sí requerirían erogación de recursos y la autorización expresa del Concejo.
El alcalde insistió en que la ciudad cuenta con ventajas estratégicas para convertirse en un punto central de la ruta turística, citando ejemplos como Calpi, San Juan y Urbina, localidades cercanas a la línea férrea.
Concejo de Riobamba cuestiona lado jurídico de la reactivación del tren
El debate giró en torno a las implicaciones legales de firmar un acuerdo con una empresa en liquidación y a la pertinencia de aprobar un convenio que, según algunos ediles, podía generar responsabilidades sin suficiente sustento normativo.
El subprocurador síndico Edison Rosero explicó que no existía contravención jurídica, puesto que el convenio marco no generaba gastos.
En su criterio: “En este convenio marco no se erogan recursos en estos momentos, por ende, no es necesario el informe financiero”.
Rosero precisó que los convenios específicos, posteriores a este acuerdo general, sí deberían contar con autorización del Concejo al comprometer patrimonio institucional.
Sin embargo, la ambigüedad sobre la necesidad de autorización y la redacción de algunas cláusulas, como la que atribuía al Municipio de Riobamba toda la responsabilidad frente a terceros, generó dudas y desconfianza en varios concejales.
Durante el debate, la mayoría de concejales expresó inquietudes respecto al proceso administrativo y la falta de informes complementarios, como los técnicos y financieros del cantón Guano, que también es parte del convenio.
La concejala Nancy Santillán señaló: “Por las inconsistencias legales y sobre todo por el variante criterio jurídico que se expuesto, mi voto es en contra”.
Otros ediles cuestionaron la ausencia de claridad sobre el rol de Riobamba EP, empresa pública municipal que podría encargarse de la administración del proyecto ferroviario.
Y reclamaron que la propuesta carecía de información sobre la distribución de beneficios entre los municipios involucrados y el Ministerio.
Los concejales Rafael Quitio, Celso Rodríguez, Micaela Lema, Galo Falconí, Nancy Santillán y Carlos Aulla votaron en contra de la moción.
En contraste, cuatro concejales, junto al alcalde, respaldaron la propuesta al considerar que era una oportunidad para iniciar la recuperación del tren y dinamizar el turismo.
¿Qué pasará con la reactivación del tren de Riobamba?
La votación final, con seis votos en contra y cuatro a favor, dejó sin efecto la moción del alcalde Vinueza.
La decisión significa que el Concejo no autorizó la firma del convenio marco, pese a que jurídicamente no era obligatorio su pronunciamiento.
La sesión reflejó una marcada división política en torno al proyecto de reactivación ferroviaria, que despierta entusiasmo en algunos sectores pero también genera incertidumbre sobre su viabilidad legal, financiera y administrativa.
Por ahora, el convenio queda suspendido, a la espera de que se presenten nuevas propuestas con mayor sustento técnico y claridad sobre las responsabilidades de cada institución.
