La Ley de Transparencia Social fue aprobada en Ecuador con 78 votos. Asambleístas de Chimborazo advierten riesgos para organizaciones y derechos colectivos.
La nueva Ley de Transparencia Social fue aprobada esta semana.
Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea, y la legisladora Patricia Núñez, ambas asambleístas de Chimborazo, expusieron sus criterios al respecto de la ley.
Opiniones de las asambleístas de Chimborazo sobre la ley
La vicepresidenta Tiupul explicó que la reciente aprobación de la Ley de Transparencia Social obliga a las fundaciones, colectivos y organizaciones a inscribirse en un registro oficial en un plazo de 180 días.
Tiupul destacó que, aunque reconoce la importancia de un control sobre los flujos irregulares de financiamiento, votó en contra del proyecto remitido por el Ejecutivo, al considerar que:
“No todas las organizaciones sociales ni comunitarias han estado vinculadas a actos negativos” y que no se puede “poner a todas en un mismo grupo”.
La legisladora señaló que uno de los principales riesgos de la normativa es afectar el derecho a la libertad de asociación, protegido en la Constitución.
“Saludamos la buena intención de controlar, pero no podemos permitir que se vulneren los derechos colectivos ni que se limite el trabajo de organizaciones responsables que han sido un apoyo en comunidades rurales donde el presupuesto público no alcanza”, afirmó.
Respecto a la aplicación de la ley, aclaró que las Juntas de Agua, cabildos comunitarios y organizaciones de primer y segundo grado están exentas de esta obligación, ya que sus aportes fueron incorporados en el texto final.
Por su parte, la legisladora Núñez expresó su rechazo a la recientemente aprobada ley, al considerar que esta normativa impone restricciones a las organizaciones sociales y fundaciones.
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Impacto de Ley de Transparencia Social en fundaciones y colectivos
Lo que dificultaría su labor en áreas donde el Estado no ha dado respuestas efectivas, como la salud, la educación y la cultura.
“Las fundaciones están cumpliendo un trabajo que el Gobierno no está haciendo. Si realmente se quiere controlar dineros mal habidos, deben fortalecerse instituciones como la UAF o los sistemas de inteligencia, no limitar a organizaciones que apoyan a la ciudadanía”, señaló la legisladora.
Además, la asambleísta advirtió que detrás de la ley existiría un interés de controlar e intervenir en organizaciones sociales que reclaman derechos.
Es por ello que citan como ejemplo denuncias de presunta infiltración de agentes policiales en espacios legislativos y sociales.
Tiupul también se refirió a la importancia de diferenciar entre organizaciones legítimas y aquellas que reciben recursos de manera irregular.
“Necesitamos un control fuerte y estricto, pero sin criminalizar a los sectores sociales que cumplen un rol fundamental en el desarrollo del país”, enfatizó.
Finalmente, la vicepresidenta aseguró que desde su curul continuará vigilante para que la normativa no afecte a las comunidades indígenas, campesinas y demás organizaciones sociales.
“El Ecuador debe construirse sobre la base de la transparencia, pero también del respeto a la igualdad, la justicia social y la interculturalidad”, concluyó.
Las dos visiones se materalizaron en votos negativos, sin embargo, la ley terminó aprobada con 78 votos a favor.
