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Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio aplazada

La justicia reprogramó la Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio, luego de aplazamiento solicitado por defensa de Ronny Aleaga.

Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio aplazada
Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio aplazada

La Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio quedó diferida para el próximo 3 de septiembre, luego de que la jueza María Daniela Ayala aceptara la solicitud presentada por la defensa de Ronny Aleaga.

El diferimiento ha generado reacciones, expectativa y críticas en el entorno político y judicial del país.

Contexto del magnicidio de Villavicencio

El asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 en Quito, conmocionó al país y abrió uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia reciente.

La investigación de la Fiscalía General del Estado identificó no solo a los autores materiales del crimen, sino también a un grupo de presuntos autores intelectuales con conexiones políticas y empresariales.

En esta etapa del proceso, la justicia ecuatoriana busca determinar responsabilidades directas contra José Serrano, exministro del Interior; Ronny Aleaga, exasambleísta correísta; así como los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo.

La Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio estaba prevista para la mañana del 26 de agosto en la Unidad Judicial Penal del norte de Quito, pero no pudo realizarse debido al pedido de la defensa de Aleaga, quien alegó tener un procedimiento dental impostergable.

Ronny Aleaga, exasambeísta de Revolución Ciudadana
Ronny Aleaga, exasambeísta de Revolución Ciudadana

Decisión judicial y multa a la defensa

La jueza Ayala calificó de injustificable el argumento presentado por el abogado defensor, pero accedió a diferir la diligencia.

“No hay causa de justificación para la ausencia, pese a que hay exámenes presentados”, dice la jueza Ayala

Como medida sancionatoria, impuso una multa equivalente a dos salarios básicos unificados (SBU).

Esta decisión ha generado debate público, ya que se cuestiona la recurrencia de aplazamientos en procesos de alto perfil.

La sanción económica, sin embargo, evidencia que la magistrada busca marcar un precedente frente a dilaciones procesales que afectan el acceso a la justicia.

Expectativa por la formulación de cargos

La Fiscalía General del Estado anunció que en la próxima audiencia formalizará la acusación contra los señalados como autores intelectuales.

La presentación de cargos será clave para esclarecer el entramado detrás del crimen y revelar presuntos nexos con redes criminales y estructuras de poder.

La Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio también se convierte en un escenario de tensión política, pues involucra a exautoridades que en su momento ocuparon cargos estratégicos en la vida pública.

De allí que el caso tenga un fuerte impacto en la opinión ciudadana y en la confianza hacia el sistema judicial.

Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio
Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio

Reacciones políticas y sociales

La Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio fue declarada fallida por la jueza María Daniela Ayala, debido a la inasistencia de la defensa del exasambleísta Ronny Aleaga, quien alegó un procedimiento médico.

Como sanción, la magistrada impuso una multa equivalente a dos salarios básicos unificados al abogado del procesado por dilatar la diligencia.

Ante esta situación, se convocó nuevamente a las partes procesales para el 3 de septiembre a las 08:40, en la Unidad Judicial Penal del norte de Quito, donde la Fiscalía espera finalmente formular cargos contra los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

Próximos pasos del caso

El 3 de septiembre será una fecha clave para el proceso.

Si la audiencia se instala sin contratiempos, la Fiscalía expondrá los elementos de convicción que sostienen su acusación.

Se espera que durante la Audiencia por magnicidio en Caso Villavicencio se detallen vínculos de los procesados con grupos organizados, flujos financieros irregulares y posibles motivaciones políticas detrás del atentado.

La resolución de este caso no solo busca sancionar a los responsables, sino también enviar un mensaje de que el Estado ecuatoriano no tolerará crímenes de carácter político.

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