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ONU condena ataques a la Corte Constitucional en la marcha de Noboa

La ONU condena ataques a la Corte Constitucional y demanda garantías para proteger a jueces de campañas de estigmatización y violencia.

ONU condena ataques a la Corte Constitucional en la marcha de Noboa
ONU condena ataques a la Corte Constitucional

Los recientes ataques dirigidos contra la Corte Constitucional de Ecuador han provocado una condena enérgica de parte de la comunidad internacional.

La ONU condena ataques a la Corte Constitucional, manifestando su profunda preocupación por las amenazas que ponen en riesgo la independencia judicial y la estabilidad democrática en el país sudamericano.

Contexto de los ataques a la Corte Constitucional

El martes 12 de agosto, en Quito, se llevó a cabo una marcha convocada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, en la que se expusieron vallas con las imágenes de los jueces constitucionales junto con frases acusatorias como “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.

Esta acción ha generado alarma en organismos internacionales, quienes consideran que estas manifestaciones pueden incentivar la violencia y el hostigamiento contra el poder judicial.

La exhibición pública de los magistrados ha sido interpretada como una forma de estigmatización que pone en peligro la seguridad e integridad personal de los integrantes de la Corte Constitucional, situación que ha sido rechazada tanto por la ONU como por defensores de derechos humanos.

ONU condena ataques a la Corte Constitucional y exige respeto a la independencia judicial

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó estos ataques como “inaceptables” y urgió a las autoridades ecuatorianas a garantizar la independencia del poder judicial.

En un comunicado oficial, la Oficina del Alto Comisionado insistió en la necesidad de proteger a los jueces y funcionarios judiciales de cualquier tipo de agresión o presión política que pueda interferir con sus funciones constitucionales.

Asimismo, Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, advirtió sobre el peligro de que las protestas sean usadas como pretexto para desacreditar y atacar a la justicia ecuatoriana, afectando así el equilibrio entre poderes y la democracia.

Reacciones nacionales e internacionales ante los ataques

La Corte Constitucional respondió mediante un comunicado en el que rechazó la estigmatización sufrida y solicitó garantías para la seguridad de sus miembros.

La tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial refleja una crisis institucional que preocupa a diversos sectores de la sociedad y organismos internacionales.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) también se sumaron a la condena, destacando la importancia de mantener la independencia judicial y evitar cualquier tipo de violencia o intimidación contra quienes administran justicia en Ecuador.

Importancia de proteger la independencia judicial en Ecuador

La independencia judicial es un pilar fundamental para la democracia y el estado de derecho.

Cuando un órgano judicial es atacado o desacreditado, se generan riesgos serios para la transparencia y la justicia imparcial, afectando la confianza ciudadana y el funcionamiento del sistema democrático.

En este contexto, la denuncia internacional liderada por la ONU pone en relieve la urgencia de un diálogo institucional que respete los roles y límites de cada poder del Estado.

Garantizar la seguridad de los jueces y su libertad para ejercer sin presiones políticas es indispensable para la paz social y la estabilidad política del país.

El cartel contra los jueces
El cartel contra los jueces

Perspectivas y desafíos futuros tras la condena de la ONU

La condena pública por parte de la ONU y otros organismos internacionales representa un llamado urgente para que el gobierno de Ecuador revise y fortalezca los mecanismos de protección judicial.

La tensión actual podría afectar la imagen internacional del país y su compromiso con los derechos humanos y la justicia independiente.

El reto es encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y la protección de las instituciones fundamentales, asegurando que ningún sector utilice la movilización social para promover ataques contra la justicia.

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