En un comunicado urgente, CONAIE acusa al Gobierno de amedrentar a la Corte Constitucional, alertando prácticas autoritarias contra la justicia ecuatoriana.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) emitió este martes un contundente comunicado en el que acusa al Gobierno de amedrentar a la Corte Constitucional, tras la marcha liderada por el presidente Daniel Noboa en contra de esa entidad judicial.
Este pronunciamiento genera un debate nacional sobre la independencia del sistema judicial y la estabilidad democrática en Ecuador.
Marcha presidencial contra la Corte Constitucional genera controversia
Este 12 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa encabezó una manifestación desde el puente del Guambra hasta los exteriores de la Corte Constitucional en Quito.
La marcha buscaba expresar rechazo a la suspensión temporal de varios artículos de leyes recientemente aprobadas, decisión que fue emitida por la misma Corte.
En el marco de esta movilización, se expusieron gigantografías con los rostros de los jueces y la frase “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, lo que fue interpretado como un acto de presión política.
Ante estos hechos, la CONAIE reaccionó firmemente.
En su comunicado oficial, manifestó que CONAIE acusa al Gobierno de amedrentar a la Corte Constitucional, señalando que esta acción pone en riesgo la independencia judicial, uno de los pilares esenciales para el funcionamiento democrático del país.
CONAIE denuncia un claro ataque a la independencia judicial
La Confederación sostiene que la exhibición pública de los rostros de los magistrados es una forma de intimidación que recuerda prácticas autoritarias.
Según la CONAIE, este tipo de medidas vulnera la separación de poderes y busca condicionar las decisiones judiciales mediante presiones externas.
“Este tipo de ofensivas políticas representan un grave retroceso para la justicia ecuatoriana y un atentado contra la democracia”, expresaron en el comunicado.
De esta manera, la organización indígena advierte que la independencia del sistema judicial está siendo socavada, lo que podría afectar la gobernabilidad y el respeto a los derechos constitucionales.
El Gobierno se defiende y deslinda responsabilidad directa
Por su parte, el Ejecutivo aseguró que no fue responsable directo de la colocación de las gigantografías ni de la frase que acompañaba la manifestación.
Según declaraciones oficiales, la marcha fue un acto ciudadano que el presidente acompañó, pero sin promover expresamente dichos elementos gráficos.
No obstante, esta explicación no ha logrado mitigar la preocupación de diversos sectores sociales, que consideran que la participación oficial en la movilización legitima las acciones que podrían interpretarse como coacción a los jueces.
Reacciones de la Corte Constitucional y actores políticos
La Corte Constitucional calificó la exposición de sus miembros como una forma de estigmatización que pone en riesgo la seguridad e imparcialidad de los jueces.
Esta institución solicitó garantías para sus magistrados y advirtió que este tipo de presiones socavan la confianza pública en el sistema de justicia.
Diversos sectores políticos y organizaciones sociales también han manifestado su inquietud ante la escalada de tensiones entre el Ejecutivo y la Corte.
La CONAIE, en particular, ha convocado a movimientos sociales, sindicatos y comunidades indígenas a mantener la vigilancia para defender la democracia y la independencia judicial en Ecuador.
Importancia de la independencia judicial para la democracia ecuatoriana
La independencia judicial es uno de los pilares fundamentales para garantizar un Estado de derecho sólido y justo.
Cuando se afecta esta independencia, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones y se abre la puerta a prácticas autoritarias que pueden erosionar la democracia.
En este contexto, las denuncias de la CONAIE cobran relevancia, pues alertan sobre un posible uso indebido del poder político para presionar a los órganos de control constitucional.
La vigilancia y denuncia ciudadana se convierten en herramientas clave para preservar los derechos y la estabilidad institucional.
