Jueces y fiscales acusados tras informe de Contraloría al realizar exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales genera preocupación.
Los jueces y fiscales acusados de corrupción tras informe de Contraloría al realizar exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales genera preocupación.
La Contraloríabreveló que desde noviembre de 2023 ha realizado 108 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de jueces y fiscales en Ecuador.
Del total, 59 informes contienen indicios de responsabilidad penal.
Estos hallazgos han sido remitidos a la Fiscalía General para su respectiva investigación.
Según confirmó la institución a Ecuador Chequea, hasta el momento se han examinado los patrimonios de 139 jueces y servidores judiciales, así como de 21 fiscales y agentes fiscales.
Además, otras 52 auditorías están en ejecución, como parte del plan anual de control que busca fortalecer la transparencia del sistema judicial ecuatoriano.
Para qué sirven los exámenes de Contraloría
Estas auditorías se enfocan principalmente en jueces que habrían otorgado medidas sustitutivas a prisión preventiva a personas procesadas por delitos graves como asesinato, narcotráfico y secuestro, una situación que el Gobierno considera crítica en la lucha contra el crimen organizado.
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, había pedido una “depuración exhaustiva” del sistema judicial, mientras que el Consejo de la Judicatura anunció auditorías internas debido a la presencia de un “espíritu de cuerpo” que protegería a funcionarios cuestionados.
Destitución de jueces y fiscales
Aunque la normativa impide revelar públicamente los resultados completos de estas auditorías, los 59 casos están ya en manos de la Fiscalía, que aún no ha formulado cargos.
En respuesta, la Judicatura ha destituido a 34 jueces relacionados con estas causas y a otros 12 en los últimos 11 meses.
También han sido separados 44 servidores más, incluidos fiscales, coordinadores y ayudantes judiciales.
Acciones de control de parte de Contraloría
La Contraloría anunció que su Plan Anual de Control 2024-2025 incluirá más auditorías a funcionarios de alto nivel en el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, en cumplimiento de su marco legal.
Este plan se ejecuta también a pedido de la Asamblea Nacional y en base a denuncias ciudadanas y reportes de prensa.
Los funcionarios buscan con estas medidas frenar el avance de la corrupción judicial, una problemática que, según la teoría oficial, responde a la infiltración del crimen organizado en el aparato de justicia mediante sobornos para obtener fallos favorables.
