En Ecuador 44 jueces solicitan protección estatal tras amenazas; 22 destituidos por vínculos con mafias en casos Metástasis, Plaga y Purga.
Un total de 44 jueces en Ecuador han solicitado protección al Estado debido a amenazas recibidas por parte de organizaciones criminales.
Entre ellos, Heidy Borja, jueza penal de la zona 8 de Guayaquil, denunció haber recibido amenazas firmadas por Los Tiguerones y Los Lobos, con información sobre su familia.
Asegura que el Estado no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar su seguridad, pese a que esta debería ser una obligación institucional.
En contraste, los casos Metástasis, Plaga y Purga revelaron que al menos 22 jueces fueron destituidos o sentenciados por colaborar con estructuras delictivas.
Entre ellos destacan Emerson Curipallo, quien cobró USD 200.000 por liberar a dos sicarios vinculados a Leandro Norero, y Ángel Lindao, que vendió sentencias y restituyó bienes a narcotraficantes.
En la Corte Provincial del Guayas, la presidenta Fabiola Gallardo y siete jueces fueron involucrados en una red operada presuntamente por el exasambleísta Pablo Muentes.
En la Corte Nacional, el juez Wilman Terán fue vinculado con cobros irregulares por demorar o favorecer fallos, según las investigaciones.
La Contraloría General del Estado detectó indicios de responsabilidad penal en 57 de los 108 jueces auditados desde noviembre de 2023. Esto al no justificar patrimonios entre USD 200.000 y USD 2 millones. Los informes fueron remitidos a la Fiscalía.
Mientras tanto, la Unidad Anticorrupción creada en 2022 ya registra destituciones y procesos disciplinarios. El sistema judicial enfrenta una crisis profunda que afecta su credibilidad y la protección de sus funcionarios.
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