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Siguen las DENUNCIAS
laprensa.com.ec | Riobamba | SABADO 13/1/2018

PERIODISTA FERNANDO VILLAVICENCIO
El periodista y activista político chimboracense Fernando Villavicencio Valencia continúa haciendo sus denuncias en contra de los supuestos actos de corrupción en lo que tiene que ver a la venta de petróleo en lo que fue el gobierno del expresidente de la República, Rafael Vicente Correa Delgado. En entrevista exclusiva para su Diario La Prensa da a conocer sus últimas actuaciones con el fin que la justicia ecuatoriana tome cartas en este asunto. 
¿En qué proceso se encuentra en la actualidad?
Hace tres meses, con el Colegio de Abogados de Pichincha, presentamos la denuncia penal ante el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, por el presunto cometimiento de delitos como peculado, cohecho, concusión, lavado de activos en contra del Estado. Entre los principales imputados señalados estaba el expresidente Rafael Correa Delgado, el exvicepresidente Jorge Glas, los exmiembros de los directorios de Petroecuador, otros funcionarios, y también los representantes de compañías petroleras intermediarias. 
¿Cuál es el objetivo de estas denuncias?
El objetivo de esas denuncias fue que el fiscal inicie una indagación previa en contra de las citadas personas por un perjuicio de aproximadamente de 2.000 millones de dólares en la intermediación del petróleo que el Estado ecuatoriano entrega a Petrochina, a la empresa Unitec también de China y Petrotailandia, como parte de los pagos de la deuda externa. Estamos hablando de cerca de 18.170 millones de dólares en líneas de crédito, en deuda pública, que contrató el gobierno de Correa entre los años 2009 y 2017. Esta deuda es pagada con 1.204 millones de barriles de petróleo que se entregarán hasta el año 2024. Es decir, el gobierno de Correa puso en manos de las empresas petroleras intermediarias aproximadamente unos 84.000 millones de dólares para pagar los 17.000 millones de dólares de deuda externa. 
C Cuéntenos, ¿cuál ha sido el resultado de estas investigaciones?
Nuestras investigaciones han señalado, y eso se denuncia, que, producto de esta intermediación del petróleo, el Estado ecuatoriano ha perdido aproximadamente cuatro dólares por cada barril, es decir, si multiplicamos cuatro dólares por cada barril, por los 1.204 millones barriles de petróleo, que Correa comprometió a las empresas chinas y tailandesas, estaríamos hablando que hasta el año 2024 el país podría perder más de 4.000 millones de dólares. Hasta el 2017 el Ecuador ya habría perdido más de 2.000 millones de dólares porque les hemos entregado ya a los chinos y tailandeses más de 600 millones de barriles de petróleo. Éste es el contenido esencial de la denuncia. 
¿Han tenido ya alguna respuesta de parte de la Fiscalía del Estado?
Hasta el día de hoy (viernes) ya han pasado 3 meses, el fiscal Baca Mancheno no ha llamado siquiera a reconocer las firmas y rúbricas. Ayer hemos solicitado, en un acto urgente, al fiscal Baca Mancheno para que, aprovechando la presencia en Ecuador del expresidente Rafael Correa que está diciendo que va a votar no en la consulta, que se le llame a declarar respecto a esta denuncia de corrupción por la entrega del petróleo a China. Y también hemos solicitado que se emita una orden de arraigo, es decir, la prohibición de salida del país del señor (Rafael Vicente) Correa para garantizar, de esta forma, un proceso de investigación y judicialización muy clara. 
C ¿Ya fueron notificadas las partes involucradas?
De lo que se sabe, por la propia cuenta de Twitter del expresidente Correa, ya la Fiscalía (del Estado) le habría notificado con una citación para que se acerque a rendir su versión en la Fiscalía General del Estado por esta denuncia presentada por nosotros por la corrupción con el petróleo entregado a China. Entendemos que eso ya se ha oficializado, estamos ahora a la espera de saber cuál es la fecha en la que deberá acudir (Rafael) Correa, para también acudir nosotros como denunciantes. 
Sin embargo, usted ha entregado pruebas no solo a la Fiscalía, sino también al presidente Lenín Moreno y al principal de la Asamblea, José Serrano. ¿Ha tenido alguna respuesta por parte de ellos?
Yo, cuando regresé de Perú, de mi exilio en Lima, entregué al presidente Moreno en una larga reunión, documentos que prueban estas aseveraciones de la corrupción en el sector petrolero. El presidente Moreno me pidió que hablara con el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, con quien también tuve una larga reunión. Le entregué más de 236 cuerpos, como 4.000 fojas de documentos de pruebas sobre la corrupción en la comercialización petrolera con China y el ministro reiteró la voluntad de la decisión del gobierno de lanzar un proyecto de renegociación de los contratos, para impedir estos perjuicios millonarios en contra del país. También me reuní con el contralor del Estado, Pablo Celi, con quien abordamos este tema, porque éste es uno de los mayores casos de corrupción en la historia del país. Y hace pocos días, cumpliendo mi obligación como ciudadano y periodista, entregué al presidente de la Asamblea, José Serrano, igualmente, 236 cuerpos, una denuncia extensa de casi 100 páginas, pidiendo que la Asamblea inicie un proceso de fiscalización en contra de las exautoridades del gobierno, para identificar las responsabilidades en esta trama de corrupción con China y Tailandia. De lo que conozco, ya la Asamblea ha solicitado la información del caso a las instituciones públicas comprometidas en estos negocios, y entiendo que en los próximos días, según conozco, ya habrá novedades desde la Asamblea Nacional. Yo lo que he hecho es cumplir con mi convicción, con mi anhelo que se transparente este caso y entregar toda esta información a las máximas autoridades del país.
Sin embargo, usted también denunció sobre el caso de los grilletes electrónicos, luego que a usted le pusieran uno tras ser declarado culpable de divulgar información reservada del Estado...
Hace un mes le entregué al contralor general del Estado una denuncia y un pedido de que se haga un examen especial al contrato realizado por el Ministerio de Justicia en 2016 con la compañía china que provee este sistema de dispositivos electrónicos. La principal alerta que le entregamos al contralor fue la existencia de un presunto delito de peculado, porque, de acuerdo a las proformas que nosotros solicitamos a la empresa china fabricante de estos grilletes, el costo por unidad no pasa de 130 dólares cada equipo, sin embargo, en el contrato, el gobierno de Correa pagó 960 dólares por cada unidad, estamos hablando de un sobreprecio que superaría el 800 por ciento. En el aspecto técnico, hemos detectado serias fallas. Son equipos que no cumplen los estándares de calidad y que tienen gravísimas fallas. No es porque sea yo. En mi caso, cada cuatro o 5 horas me están llamando a decir que tengo que cargar el equipo, lo cual vulnera mis derechos. Tengo que conectarme a un tomacorriente cuatro horas para que se cargue la batería, pero se supone que la batería, de acuerdo a las especificaciones del contrato, debería durar 18 horas. Esta cosa pica. En el caso de Cléver Jiménez le andan llamando a averiguar dónde se encuentra. Si justamente el geoubicador es para eso, para identificar dónde está, pero es tan chistoso que le llaman a averiguar donde se encuentra. Existen irregularidades en este contrato.

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